Hace ya dos décadas venimos denunciando la soterrada «privatización» de Codelco por intereses ligados a las Trasnacionales, cuyos intereses no son los que debiera tener Chile.

A estas no les interesa avanzar en dar valor agregado al recurso minero. Por ello Chile no capta las valiosas sustancias mineras y no metálicas que hoy no se declaran ni controlan en los puertos chilenos. Decenas de miles de millones de dólares pierde Chile por ello: disminuye la capacidad de procesar los Concentrados en Codelco y Enami; las Grandes Mineras Privadas (10GMP) carecen de proyectos para invertir en una nueva Fundición y Refinería.

La administración de Codelco está copada por personeros que entran y salen, y vice versa, funcionando la puerta giratoria. Un exceso de 11 Vicepresidencias y un buen número de Gerencias y niveles de supervisión, con altas remuneraciones e indemnizaciones.

Los Sindicatos denuncian la externalización de servicios de operación y de mantenimiento, lo que debería hacerse con personal propio, siendo fuente de mayores costos e ineficiencias.

La corrupción y el lobby rondan en cuestionados contratos. No existe una Política de Estado para la minería, ni de Codelco estatal para recuperar una posición más dominante como actor como otrora la tuvo. El «sueldo de Chile», en tiempos de la Nacionalización aportaba entre el 25 y el 30 % al Erario Público, con precios de más de US$ 6/lb. Hoy es insólito que el aporte sea poco más de un 5% y que por años pasados Codelco, con todos sus problemas, haya aportado más que esas GMP.

Se plantea como objetivo sanear la administración de Codelco, partiendo por su Directorio, hoy permeado por personeros de CESCO. Este con función de lobistas, organizan encuentros, siendo afín a los intereses de las Trasnacionales, nutriéndose de ellas.

Por último, corresponde separar aguas y retirar a Codelco del Consejo Minero, señal que las políticas e intereses de la estatal serían contrapuestos a los que persiguen empresas filiales, domiciliadas en el exterior y con intereses ajenos al interés nacional.

Santiago, mayo 15, 2024