Los economistas Roberto Pizarro y Luis Herrera proponen 11 recomendaciones ideológicas para el Primer Congreso del Frente Amplio (texto publicado en Portal Socialista, 30 de enero de 2026). La amplitud de los comentarios, sugiere más una contribución a la izquierda en su totalidad que a un segmento particular de esta. El trabajo asigna al socialismo del siglo XXI y al progresismo el papel de actores centrales de la renovación de izquierda en el continente. El citado socialismo del siglo XXI no es sino una mención (venia al pasar) pues el análisis, poco o nada, profundiza acerca de su aporte al debate.

El documento se presenta como una crítica, a la izquierda oficial del período de la Concertación y de los gobiernos de Bachelet y Boric, esto es a la socialdemocracia que al derivar en neoliberalismo ha terminado por abrazar los principios y soluciones sociales de la Derecha. Esta crítica nos impulsa a creer que lo que busca el documento es la propuesta de un  programa de transición al socialismo y superar con ello la frustración de gobiernos que nunca se apartaron de lo que era posible (Aylwin).

Como se trata de una propuesta ideológica socialista el texto invita a un recorrido crítico de categorías propias de una transición al socialismo y con ello al reconocimiento de las bases materiales de la economía. Sin embargo, la lectura del documento demuestra que su prioridad es mostrar una opción más social de la socialdemocracia, con necesarios cambios en la gestión de la economía y relaciones regionales capaces de abordar las presiones que el Hegemón norteamericano somete a Latinoamérica. En síntesis, debe abandonarse la idea que el documento propone la consagración de categorías propias del socialismo y cambios en la sociedad y la economía capaces de consagrar la cultura de la solidaridad socialista.

Esta constatación previa nos enfrenta a ausencias importante que tradicionalmente consagran los análisis clásicos de nuestra economía. Si bien se comprueba la abundancia de recursos naturales y particularmente el cobre (sector moderno de la economía), factores centrales de desarrollo, se oculta la discontinuidad propia de una estructura heterogénea (donde conviven sectores modernos y tradicionales) por lo que el sector moderno carece de proyección y por tanto, refuerza las desigualdades, los bolsones de pobreza, y el desfinanciamiento de los bienes públicos básicos a saber, salud, educación, vivienda social. Esta discontinuidad ha postergado gravemente la construcción de un sector minero-industrial capaz de llevarnos a un estadio superior de desarrollo. Pero también ha postergado la realización de redes de protección social que salvan vidas y que protegen a los más vulnerables de la sociedad.

Por eso nuestras prácticas equivocadas de desarrollo, me refiero al extractivismo y nuestra irremediable condición de factoría, nos somete a presiones sociales internas y amenaza la viabilidad de proyectos complementarios al ya mencionado sector minero-industrial. Pero existen además presiones externas, pues la interdependencia de los Estados-Nación de la sociedad mundial crea problemas que impiden la realización de políticas al interior de las fronteras estaduales y con ello impiden el destino efectivo de la sociedad nacional. Este es el tema insoslayable de nuestra época, que la ya lejana paz de Westfalia no percibió que sería la llave esencial de la soberanía de los Estados-Nación en el siglo XXI. La política nacional ha ignorado esta realidad, ha creído abordar las relaciones internacionales mediante la firma indiscriminada de tratados de libre comercio en Europa y el Sudeste asiático, postergando las decisiones regionales (UNASUR, ALBA, CAN, ALADI) en beneficio de empresas transnacionales, cuyo interés es de monopolizar el comercio de las materias primas. Una dificultad mayor se agrega a esta realidad regional a saber, la presidencia de Donald Trump que plantea el desafío del gran Hegemón que impone aranceles, intenta monopolizar el comercio de los recursos naturales de la región, secuestra a Maduro, presidente en ejercicio de Venezuela, bloquea a Cuba generando una crisis humanitaria, interviene en Medio Oriente y amenaza con la intervención armada en Irán, etcétera. La estrecha visión de nuestros gobernantes en los últimos cuatro decenios, nos impide ver el escenario de Estados-Nación en Latinoamérica que han sido atacados, Cuba, Venezuela, Colombia. Realidad que impone nuevas alianzas e iniciativas al margen de lo meramente económico. El Hegemón creó realidades y urgencias para las que la región no ha estado preparada.

Vamos a los puntos esenciales que asedian a la Región. Esperamos que de ellos surja la base de una propuesta socialista.

Recursos naturales

Los autores mencionan que el crecimiento basado en la explotación de abundantes recursos naturales es el fundamento material del neoliberalismo por lo que la caída en los precios habría llevado a una crisis del rentismo. Creo que es importante mencionar que esta situación nos ha llevado en Chile a una situación de factoría cuyo costo es la de retardar por decenios la construcción de un sector minero-industrial antes de la extinción de las reservas previstas para el muy cercano horizonte de 2040.

El cobre es un recurso geoestratégico cuyo desarrollo debiera ser tratado como política de Estado. Recordemos que en marzo y abril de 2024,  Laura Richardson, jefa del Comando Sur, y Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EE.UU., visitaron Chile en misión destinada a manifestar el interés de su país en la riqueza minera del subsuelo de Chile y asegurar el aprovisionamiento de minerales estratégicos para EE.UU en los dominios científico, tecnológico, militar y aplicaciones industriales.

Numerosos estudios en el mundo sitúan la riqueza minera de Chile en el hemisferio sur y por consiguiente su carácter privilegiado de proveedor de materias primas para EE.UU. Durante la visita de Richardson se mencionó específicamente la importancia que su país veía en lo que llamaron el triángulo minero, Argentina, Bolivia y Chile. El Servicio de Geología de Estados Unidos (USGS, su acrónimo en inglés) amplió la lista de minerales críticos, cuya importancia en defensa, seguridad nacional, avances científicos, tecnológicos y utilización industrial, de 35 a 50 minerales en 2018.

Los metales tecnológicos y preciosos constituyen la puerta de entrada a desarrollos industriales como aleaciones berilio-cobre para herramientas e instrumentos de precisión; radiografías; moderador y reflectante de neutrones en reactores nucleares; condensadores electrolíticos presentes en móviles, portátiles; GPS, satélites artificiales; armas teledirigidas; pantallas planas, videoconsolas, PDAs, MP3, MP4; súper aleaciones; baterías recargables; química fina, etcétera.

Dos autores norteamericanos, Daniel McGroarty y Sandra Wirtz (septiembre de 2021), señalan de manera categórica que “estos metales son la puerta de entrada a nuestra futura fortaleza económica, tecnológica y militar”. Se trata de 5 metales estratégicos (tech metals); a saber, aluminio, nickel, cobre, zinc, estaño, los que constituyen la puerta de entrada de la economía del país al desarrollo del siglo XXI.

Riesgos de un cobre como activo financiero de refugio

Los efectos combinados de restricciones de oferta y ampliación de la demanda han llevado a un alza de precios que ha llevado a proyecciones (Cochilco) para el año 2026 a un promedio de US$ 4,95 por libra, cuyo significado es la de un ciclo estructuralmente favorable para el cobre. Este ciclo favorable ha llevado al metal a constituirse como un activo financiero de refugio expuesto a los vaivenes de los mercados de capital. Esto según analistas de mercado responde a “una rotación financiera global que busca activos reales en un contexto de fragilidad monetaria, déficits fiscales persistentes y tensiones geopolíticas”. De esto se desprende el desafío de transformar renta extraordinaria en activos durables (J. C. Guajardo. El cobre como oro. Febrero 2026).

Una pérdida constante en las exportaciones de cobre

En 2024 el Banco Central presenta como exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados la cifra de 31.551,09 millones de dólares y de cobre refinado 17.273,50 millones de dólares. Esto significa que lo transportado en bodega declarado a Aduanas corresponde a 14 mil 278 millones de dólares que comparado al valor real en fundición/refinación (FURE) más la suma de finos cobre, oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico, 48 mil 824 millones dólares, lo que representa una subfacturación de 29,3 %.

Hace más de 20 años atrás, en 2003, la situación era completamente distinta pues el valor del cobre refinado representaba 1,6 veces más que los concentrados de cobre, esto es 4 mil 679 millones de dólares por sobre 2.764,07 millones de dólares.

Este recuento de cifras de valores embarcados y valores de lo obtenido en las fundiciones y refinadoras de ultramar, representa lo que el Estado de Chile pierde. Nótese que según estadísticas de la base de datos CEPII (Cfr. https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele_item.asp?id=37) las exportaciones de mineral de cobre de Chile durante 27 años (1996-2023) se elevaron a 325 mil millones de dólares. Ahora bien, los 325 mil millones de dólares corresponden a 25% de lo exportado siendo el total de éste 1,3 trillones de dólares y la subfacturación correspondió a 975 mil millones de dólares. Frente a estas cifras no cabe sino concluir que en estos 27 años nos hemos constituido en una verdadera factoría que en su gestión restó recursos valiosos para la construcción y consolidación de un sector minero industrial.

De cómo los programas de la izquierda oficial quedaron en manos del Consejo Minero

Puesto que las recomendaciones de Pizarro y Herrera están dirigidas a la izquierda chilena es preciso comentar que la solución está a la mano y que ha sido sistemáticamente ignorada por el gobierno del presidente Boric y de los encargados de las instituciones mineras (Cochilco, Servicio Nacional de Aduanas y ministerio de Minería). Existen espectrómetros que aseguran la trazabilidad de los subproductos que salen subrepticiamente por los puertos de Chile. Se trata de equipos de absorción atómica con lámpara de xenón y horno de grafito que permiten hacer barrido y cuantificación de los metales presentes, por difracción de rayos X, en las materias primas exportadas.

Cada espectrómetro tiene un valor de US$60 mil, por lo que su valor total asciende a US$300 mil. Basta una simple orden del Presidente de la República al Servicio de Aduanas para que se instalen dichos equipos en los 5 puertos de embarque a saber, Coloso, Los Vilos, Patache, Coquimbo, Ventanas.

Sin embargo, el problema no es la instalación de laboratorios de análisis químico cuantitativo dotados de instrumental moderno, en los puertos de embarque, sino político pues las transnacionales, a través del Consejo Minero, que durante años ha registrado en los Documentos Únicos de Salida (DUS) los minerales del concentrado que deben ser fiscalizados por el Servicio Nacional de Aduanas, no estarán dispuestas a perder un negocio de miles de millones de dólares. ¡Como lo decíamos más arriba, en 27 años les ha reportado nada menos que 975 mil millones de dólares!

Chile es el dato inicial de complejas cadenas de valor en el comercio mundial. En estricto rigor somos transportadores de concentrado, no exportadores de cobre como aparece claramente de las estadísticas señaladas más arriba. En los últimos 54 años Chile se alejó de la idea primaria de la nacionalización del cobre, esto es de “crear la gran industria moderna, la elaboración de productos manufacturados para consumo interno y de exportación”.

Inmerso en la política extractivista, Chile se aleja de la visión modernizadora industrial que le permitiría destinar medios de compensación social para así incorporar a los estratos más desfavorecidos de la población, de los sectores urbanos y rurales, a la transición energética desde combustibles fósiles a energías limpias.

La institucionalidad a saber, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras (LOCCM, 1982) y las prácticas tributarias de las empresas privadas de la Gran Minería, conlleva la radicación en el exterior de los efectos de la modernidad del sector. Superar la discontinuidad del desarrollo entre los sectores de la matriz productiva, continúa siendo el gran desafío de la economía de Chile que en más de 50 años no ha sido superado.

El proceso de discontinuidad en una estructura heterogénea.

El tratamiento de la discontinuidad no se encuentra en el trabajo de Pizarro y Herrera, tema estudiada por la OIT y CEPAL en los primeros análisis sobre las consecuencias del desarrollo hacia afuera cuando el enclave exportador altamente capitalístico carecía de irradiación hacia un hinterland subdesarrollado en el siglo XX.

Sin embargo, la discontinuidad se dio también en el caso de desarrollo hacia el interior cuando el proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones. Esto es lo que nos muestra la historia económica y sus consecuencias en un desarrollo heterogéneo. Varios estudios sobre la industrialización de los bienes intermediarios han comprobado que la necesidad de introducir economías de escala y de alta intensidad de capital lleva no solo a la discontinuidad, sino que además a la intervención directa del Estado a través de la creación de empresas públicas y mixtas a fuerte intensidad de capital. Agreguemos que la discontinuidad del modelo no da una solución desde el lado del empleo, puesto que el 80 % de la fuerza total del trabajo corre de cuenta de las pequeñas empresas y el artesanado.

Sin el tratamiento de la discontinuidad de nuestra estructura productiva las recomendaciones de Pizarro y Herrera caen en una zona de irrelevancia cuando de lo que se trata es de abordar planes de desarrollo de la economía.

El desarrollo sin límites en el pensamiento capitalista decimonónico del siglo XIX, suponía que el funcionamiento de los mercados crearía la riqueza nacional y resolvería las desigualdades sociales. En ese esquema la complicidad de los gobiernos y el Banco Central, de los estados industrializados, en su función subsidiaria, corregiría las presiones sociales y generaría la finanza para obtener los recursos naturales desde las factorías de ultramar. Así se lograrían ventajas comparativas en el comercio mundial de la manufactura y los servicios.

Supuestos los tratados comerciales entre estados y complejas relaciones globales de financiamiento nacidas de las instituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, Banco Mundial y FMI (1944), el Consenso de Washington (1989) y la OMC (1995), las transnacionales dictan las reglas del juego a las que se someten los proveedores de materias primas. Preso de esta lógica se encuentra Chile, proveedor de DMAT (elementos de alto valor declarados estratégicos para el desarrollo industrial global en transición energética y tecnológica), pues contiene la base material necesaria para iniciar el funcionamiento internacional de las transnacionales. Al apoyar los estados industrializados las prácticas monopólicas de sus empresas se generan pugnas donde la hegemonía en un continente está en juego. Es el caso de Chile cuando la concesión para un cable submarino de comunicaciones entre Valparaíso y Hong Kong fue detenida cuando EEUU advirtió al Estado de Chile que estaba en juego la “seguridad regional”. En ese caso el cientista político Jorge Heine propone el no alineamiento activo, esto es, elegir la opción más rápida y barata, no la que le imponga una potencia por miedo a represalias. En algún momento el Estado de Chile, como otras potencias emergentes, deberán tomar una opción por la vía diplomática que respete su conveniencias comerciales y su Soberanía.

Los efectos colaterales de la explotación capitalista. La Cuasi-Renta capitalista y su recuperación como parte de financiamiento de los Bienes Públicos

La esporádica mención de los Bienes Públicos revela que los autores sitúan su crítica desde el lado del neoliberalismo que dicen criticar. Quiero decir, los Bienes Públicos deben ser financiados según el presupuesto público conforme con las reglas del endeudamiento fiscal y no como parte de un factor de crecimiento y sostenibilidad de la economía vinculado a la actividad productiva. Los Bienes Públicos se ocupan en parte de las externalidades negativas de la actividad productiva. Es decir los efectos colaterales de la explotación capitalista; sus costos sociales: salud, cobertura social insuficiente, bajos salarios, contaminación urbana, degradación de tierras, infraestructura económica insuficiente, costos medioambientales de la explotación de recursos, migraciones masivas…. En esa medida la actividad productiva genera  exclusiones, desigualdades de toda índole y, por tanto, incertidumbre, problemas que en el último tercio del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI son globales, recurrentes y de rápida propagación. La economía capitalista crea situaciones de ganancias a partir de costos que no se realizan. Esto debe considerarse una arista complementaria a las ganancias que las compañías transnacionales obtienen a partir de un comercio monopólico cuyo origen se encuentra, como se ha señalado más arriba, en las complejidades de las cadenas de valor del metal.

Los casos señalados más arriba de infraestructura económica insuficiente y otros conllevan Cuasi-renta. El pago de esos costos es precisamente lo que llamamos un proceso de conversión/recuperación de la Cuasi-renta o de eliminación de las externalidades negativas asociadas a la actividad productiva.

¿Quién recupera la Cuasi-Renta y cómo?

El desarrollo o recuperación de Bienes Públicos por el Estado es una decisión esencialmente política y social destinada a echar las bases de una economía social-solidaria. Eso puede visualizarse como una tarea de Estado pero sin una visión social solidaria consciente de la ciudadanía no es posible. Este es un proceso en la transición hacia estructuras socialistas de construcción de la economía.

La recuperación de la Cuasi-renta implica resolver las externalidades negativas ya mencionadas dicho en otros términos iniciar un proceso de conversión/recuperación de las externalidades negativas. Lo cual exige cambios estructurales en la economía en programas público-privados sobre Bienes Públicos o cambios fundamentales en programas de educación, salud, vivienda social, seguridad social, administración de fondos de pensiones, control en las emisiones de carbono y contaminación de zonas urbanas; etcétera…

En el proceso de conversión\realización de las externalidades negativas las tasas de interés deberían bajar de la misma manera que sucedió en la posguerra y reconstrucción de Europa en 1945 y el sistema de lend & lease de EEUU que se realizó en territorios de ultramar afectados por la guerra en proceso de reconstrucción. La Reunificación alemana enfrentó el mismo tipo de procesos de conversión\realización de externalidades negativas (industrias de chimenea con alto grado de contaminación y emisiones de carbono en la antigua República Democrática Alemana, RDA) que se habían creado en el pasado, proceso que fue acompañado por bajas tasas de interés y subvenciones de la República Federal. Un proceso de reconversión existe hoy en día en la República Popular China donde se planifica la transición hacia una economía de servicios.

Ese proceso de desarrollo no tiene sentido sin la existencia de un salario social.

En el sistema de economía social-solidaria la productividad fija el precio de realización del Bien Público en el mercado y consiguientemente la remuneración de la totalidad de los factores de producción involucrados a saber, trabajo, capital, tierra, empresariado, tecnología, marketing, innovación, servicio pos venta, competitividad, outsourcing… El trabajo incluye los costos de formación del trabajador. La apuesta en el mercado se satisface según un estándar de mayor productividad.

En el modelo social-solidario las remuneraciones siguen la progresión de la productividad. A éstas se adiciona el gasto del Estado bajo la forma de subsidios, lo cual se traduce en ingresos de la población compatibles con la oferta de Bienes Públicos. Esto supone una tasa de interés acorde con niveles de inflación programados según la productividad y costos por unidad de trabajo.

En la economía global los tipos de cambio deben considerarse en línea con el movimiento de las remuneraciones y la productividad.

La recuperación de la Cuasi-renta –contrapartida de las externalidades negativas– implica remuneraciones en alza según el alza de la productividad.

Sin embargo, en tiempos de crisis global la relación productividad-salarios no se mantiene. Lo cual no es sino el resultado de la acumulación desenfrenada de capital ficticio bajo fórmulas especulativas (titularización de la deuda). Es el desafío que enfrentan las remuneraciones en su relación con la productividad, sobre todo cuando en aquellas deben agregarse los costos de formación del trabajador. Ambos factores permiten la validación\valorización de los Bienes Públicos y su importancia central en la reproducción social del trabajador.

En la economía social-solidaria los precios validados en el mercado se mueven según la remuneración de los factores, los cuales a su vez obedecen a la regla de la productividad y al pago del costo de formación del trabajador.

En el largo plazo, producto de la negociación global sobre las consecuencias de las externalidades negativas, se habrán modificado las relaciones sociales de producción donde la remuneración al trabajo habrá adquirido su verdadero valor de transacción. Una regla esencial se impone al incorporar los Bienes Públicos en el cálculo económico. Pues, los efectos en los fundamentales de la economía de mercado se reflejarán en la recuperación de la Cuasi-renta, el nivel de las inversiones, el consumo, el comercio internacional y el crédito interno.

El sistema que presentamos implica la solución de una matriz de orden socio-político.

[El precio de monopolio no sigue necesariamente la regla de la productividad. Lo cual no excluye la posibilidad que un Bien Público se produzca en condiciones monopólicas por alguna empresa del Estado o aún privada –, situación propia de un monopolio natural].

Conclusión

Avanzar según el plan de la socialdemocracia parece una opción válida en el corto plazo, suponiendo que no existe la voluntad política de avanzar en la construcción de una economía social solidaria o transición al socialismo. El documento que nos presentan los economistas Pizarro y Herrera es parte de esta opción que al activar las iniciativas público-privado satisface en parte las necesidades sociales.

Como hemos dicho la contrapartida de los Bienes Públicos no asumidos en el ejercicio productivo es la Cuasi-renta. En ese ejercicio debe tenerse en cuenta las reglas de la productividad y los costos de formación del trabajador. Sin resolver la validación de los Bienes Públicos en el mercado, no queda otro expediente de solución que la Deuda.

La teoría económica forma parte del pensamiento filosófico pero la política económica es parte de un proyecto de poder que en la práctica económica oficial del siglo XXI se traduce en la administración de la Deuda; así lo demuestra el decurso del capitalismo financiero global que incorpora en la teoría monetaria el funcionamiento de la Deuda Nacional. La esterilidad de la doctrina económica oficial proviene del esfuerzo de adaptar los hechos de la realidad a la teoría vigente que de esa manera se pone al servicio de las fuerzas políticas en el poder. Como se dice tradicionalmente, la política y el proyecto de poder pueden incorporar la democracia como objetivo pero el dinero no admite democratizaciones.

La ceguera de la clase política ha arrastrado así a los epígonos de la doctrina que domina la economía del siglo XXI. Por esto se ve lejano el día de la legitimación de lo social en el pensamiento económico oficial; donde el trasfondo de los Bienes Públicos sea el objeto y desarrollo de una economía social-solidaria en el planeta.

Un espíritu científico como el de Marx jamás habría aceptado la vulgata en que se transformaron sus ideas en el siglo XX. Debo decir que el marxismo oficial discutido en las academias de estudio occidentales –restringido a citas y refutaciones del Capital (verse and chapter game)– no percibió la idea de un excedente económico real que se refiere a la parte que está siendo acumulada de la plusvalía es decir, la inversión y el consumo de la sociedad y por ello el endeudamiento de hogares, empresas y público. En ese excedente cabe la potencial recuperación de la Cuasi-renta capitalista para restituir la parte de Bienes Públicos que no fue asumida durante el acto productivo. En ese ejercicio debe tenerse en cuenta las reglas de la productividad y los costos de formación del trabajador. Sin resolver la validación de los Bienes Públicos en el mercado, no queda otro expediente de solución que la Deuda.

Al no asumir la ecuación real de costos, es decir la incorporación de los Bienes Públicos, se habrá vuelto al punto de partida donde las soluciones de oferta y demanda quedan en manos de la titularización de la Deuda. El sistema capitalista es expedito a su manera. Asume que la Deuda debe ser compartida mediante títulos de deuda destinados a realizarse en el futuro, lo cual permite transmutar la Deuda Social –por exceso de capacidad productiva o simplemente por ausencia de esta– en Deuda Social Financiera –, titularizada; o aún, mediante la creación de Deuda Soberana.

El tránsito hacia una nueva economía

No veo un tránsito hacia una nueva economía que se haga cargo de los problemas hasta aquí evocados si esta no es social y solidaria. Incorporar Bienes Públicos en el actual sistema en la ecuación de costos exige necesariamente un cambio de sistema. La ciudadanía incide como actor relevante en los mecanismos de mercado: asociaciones de consumidores; cooperativas; sindicatos…lo que en alguna ocasión Gunnar Myrdal llamara en los años 50 del siglo pasado, el poder compensador.

Los temas a continuación señalan algunos puntos de la ruta hacia una nueva economía. Veo esto como un ejercicio que en su avance genera nuevos desarrollos. Es más los temas así expuestos pueden superponerse unos a otros.

Primero, deberemos entender a cabalidad lo que implica una macroeconomía ciudadana. Tarea difícil sobre todo cuando existe un historial de principios y prácticas que parece ignorarla. No es antecedente baladí las tremendas desigualdades sociales de un mundo global concebido bajo el signo del poder económico. Por eso, ahondar el tema de los Bienes Públicos significa un apoyo ciudadano destinado a emprender las bases de una nueva economía. Emprender tareas transformadoras implica concebir el punto desde el cual partimos y sus alcances políticos. Es un paso político donde no se trata simplemente de echar mano al presupuesto público e idear nuevas estructuras de impuestos y subsidios.

No pocos reducen los desafíos de la nueva economía a calcular el monto al cual debe hacer frente la nueva caja fiscal y desde allí resolver el problema social. Tal reducción equivale a confundir las responsabilidades de un ministro de Hacienda con la tarea de un cajero, sin por ello menoscabar las funciones de este último, pero tampoco superponer sus competencias a las exigidas al responsable de las finanzas del país.

En Chile se ha adoptado la metodología del balance estructural mediante la cual el presupuesto fiscal se adapta al producto según el ciclo, factor exógeno, y el precio del cobre de mediano plazo. Todo eso va sin decir que el ingrediente político tiene un peso fundamental en el gasto social.

Una segunda instancia en este programa de transición es el cálculo y programación de los verdaderos costos de la actividad productiva. Me refiero a los programas de transición hacia la nueva economía o ambiente en el cual deberán resolverse dos puntos centrales ya mencionados a saber, la proporcionalidad en las relaciones de productividad y remuneraciones y la integración de los costos de formación del trabajador o gradual incorporación de los Bienes Públicos en sus remuneraciones. Ambos temas centrales de la transición hacia una sociedad social-solidaria deberán ser regulados por el Estado y deben gozar del apoyo de la ciudadanía.

En esa etapa se derivarán acuerdos sobre los impuestos a la renta, subsidios sociales y el programa de un eventual déficit fiscal. Recordemos la magnitud de la tarea que significa la reivindicación de agrupaciones sociales que junto a la lucha por remuneraciones justas y empleo, exigen nuevas infraestructuras sociales urbanas y rurales, educación de calidad; salud, vivienda, pensiones, manejo de las emisiones de carbón provenientes de la cultura industrialista de la revolución industrial del siglo XIX, etcétera.

Tercero. Asumir Bienes Públicos en la construcción de la nueva economía requiere la desmitificación del proceso. No es posible entender los procesos de cambio climático y envejecimiento de la población mundial sin explicar sus alcances y efectos en la humanidad así como la Deuda Social que en algún momento tendremos que asumir. Proceso social y generacional que deberá concretarse en nuevas instituciones y regulaciones. Asumir los Bienes Públicos como colectividad es el gran reto ético de nuestro tiempo.

Cuarto. Deberá entenderse la gradualidad de los procesos. Pues estos exigen soluciones sustentables al nivel de las economías locales y los procesos globales que hoy enfrenta la humanidad. Los entendimientos sobre los grandes principios y las instituciones que vendrán se construyen con la población que en definitiva los resiente y cuyo apoyo es vital.

Santiago, febrero 11, marzo 11 2026