La guerra del Medio Oriente nos enfrenta a la realidad de precios internacionales del crudo rozando o superando los US$ 100. El impacto en Chile es directo debido a que importamos casi todo lo que consumimos. Otros factores influyen como el tipo de cambio puesto que Chile se abastece en el comercio internacional de insumos esenciales para la salud, infraestructura productiva, alimentos, rutas, construcción, etcétera. El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) actúa con el objeto de aminorar el impacto de las alzas de precio del petróleo. El desafío es importante cuando el Brent sobrepasa los 100 dólares el barril. Existe además el riesgo – históricamente ha sucedido – que las estaciones de servicio tienden a mantener los precios altos.

¿Cuál es la realidad de los precios de la gasolina? En la venta al público los precios incluyen, además del costo del petróleo, sean estos spot (al contado) o a futuro, los impuestos y los costos y ganancias devengadas en el proceso de refinación.

En el mercado de los precios spot la compra o venta del petróleo crudo es, a entrega inmediata. Refleja la oferta y demanda física real en el momento actual. Los contratos a precio futuros se negocian en Bolsa (como el WTI o Brent) para comprar o vender petróleo en una fecha específica, permitiendo a empresas y especuladores gestionar el riesgo de precios.

En Chile, 49% del precio corresponde a impuestos: 30% es el costo específico y 19% es el IVA. Sólo cuatro países de la Unión Europea tienen impuestos superiores al 50% a saber, Malta (54,3%), Italia (51,1%), Irlanda (50,6%), y Eslovenia (50,1%). La carga impositiva es inferior al 40% en Estonia (37,6%), España (38%), Suecia (38,5%) y Bulgaria (39,7%).

El alza actual en Chile, sin precedentes en el precio de los combustibles, se debe  a que el gobierno ha decidido ignorar los subsidios con que opera el MEPCO.

A partir del jueves 26 de marzo se aplicaron los siguientes incrementos directos por litro:

• Gasolina de 93 octanos subió a $370.
• Diesel sube $580
• Gasolina de 97 octanos: registra un alza de $20,9 

En relación al Kerosene (parafina) mediante el Plan Chile Sale Adelante se aplicó una baja histórica de $455.

El objetivo del gobierno es evadir el costo fiscal que significa mantener el subsidio del MEPCO, para ello dictó un Decreto Supremo que permitió el alza de precios. Con ello el gobierno asume como efecto colateral financiero el alza que se espera de la Unidad de Fomento (UF) que este mes de abril, se calcula, evolucionaría hacia los $40.300, afectando arriendos, dividendos y créditos.

Es útil que se sepa las alternativas de subsidio que el gobierno podría haber manejado. El cálculo que presento en la Tabla más abajo muestra el precio de la gasolina de 93 octanos con un alza de $370. Simulo al mismo tiempo el efecto de diferentes subsidios y el precio real al que se llega. Este último puede ser observado en la cuarta columna de la Tabla más abajo.

Tabla de Proyección de Alzas (Basado en $370 de costo real)*
Subsidio del gobierno	Porcentaje que paga el Usuario (Alza Real)	Alza en Pesos (CLP)	Precio Final Estimado
(Traspaso Total. %)	100%	+$370	$1.720
10%	90%	+$333	$1.683
20%	80%	+$296	$1.646
30%	70%	+$259	$1.609
40%	60%	+$222	$1.572
50%	50%	+$185	$1.535
60%	40%	+$148	$1.498
70%	30%	+$111	$1.461
80%	20%	+$74	$1.424
90%	10%	$37	$1.387

* Precio estimado basado en un valor promedio actual de $1.350 para la gasolina de 93 octanos.

El punto de partida es el precio de $1350 el litro de la bencina de 93 octanos, valor promedio; la Tabla muestra dos casos extremos: traspaso total del alza de $370 con un precio final al automovilista de $1.720y el subsidio de 90% con un traspaso al automovilista de $37 para un precio final de $1.387. Es decir una diferencia sustancial en el presupuesto del consumidor de $347.

Ahora bien, el reglamento del MEPCO limita las alzas a 0,9 UTM por metro cúbico cada 21 días, lo que suele traducirse en unos $30 a $40 por litro, cifras muy alejadas del alza real de $370. Si se hubiese respetado el mecanismo normal y los $30 pesos señalados, el Estado habría debido subsidiar los otros $340. Si el precio adicional del usuario fuere de $40 el subsidio del Estado habría sido de $330 para completar los $370 de reajuste. Otra solución habría sido la de modificar el Impuesto Específico a los combustibles que corresponde como ya lo señalamos a 49% del valor final de la venta de gasolina de 93 octanos y un 23,2% del valor final del petróleo diesel.

Notemos que los dos casos señalados se sitúan en el tramo final de la tabla o traspaso del alza en un 90% subsidiada por el gobierno, financiamiento que debería cargarse al Presupuesto Nacional en el que se registran prioridades en gastos de Bienes Públicos básicos a saber, Educación, Salud, y Vivienda, cuyo gasto asciende a 39.700 millones de dólares es decir, 44% del Presupuesto Nacional. El gasto en importaciones de petróleo está calculado en 700 millones de dólares y trimestralmente a 2.100 millones de dólares. Frente a esta factura el gobierno ha decido el traspaso directo de los $374 directamente al automovilista sin subsidios. El gobierno deberá tomar decisiones respecto a gastos sociales aprobados en el Presupuesto de la Nación y gastos en el combustible sometidos al alea de la guerra en Medio Oriente y la reacción en precios de los mercados internacionales.

La prescindencia de los subsidios del MEPCO en el presupuesto del usuario, se presenta en la Tabla siguiente. Para el cálculo supondremos un vehículo sedan urbano promedio en Chile (motor de cilindrada 1.6L) que recorre unos 1.200 km al mes (uso mixto ciudad/autopista), con un rendimiento de 12 km/litro. Esto significa un consumo de 100 litros mensuales.

Impacto en el Presupuesto Mensual (100 litros/mes
Escenario de subsidio	Alza por litro	Gasto extra mensual	Costo total mensual
0% gobierno no ayuda	+$370	$37.000	$172.000
20% (Gobierno asume $74)	+$296	$29.600	$164.600
40% (Gobierno asume $148)	+$222	$22.200	$157.200
60% (Gobierno asume $148)	+$148	$14.800	$149.800
80% (Gobierno asume $296)	+$74	$7.400	$142.400

^*  Basado en un precio base de $1.350 antes del alza.
 

Según las opciones calculadas en la Tabla, el gobierno ha escogido la más drástica para el consumidor. Según los rendimientos y recorridos señalados, el gasto extra mensual del usuario, sin subsidios, será de $37.000 es decir $172.000 al mes. Un subsidio de 80% (esto es, $296) supone un gasto extra mensual para el consumidor de $7.400 es decir $142.000 al mes. En conclusión, frente al alza de $370 por litro el subsidio de 80% significaría un ahorro mensual de $30.000 para el automovilista.

Con estos traspasos al consumidor, el gobierno calcula que llegará a la meta de 3000 millones de dólares o ahorro para las arcas fiscales. Si a ello sumamos la política monetaria restrictiva del Banco Central (Tasa de Política Monetaria, TPM, de 4,5%), y el menor crecimiento estamos en presencia de un alza en el costo de vida de las familias. Esta política es la esencia del ajuste estructural que hace 53 años atrás inauguró la dictadura. Esta política tendrá un efecto cascada en el Transporte. Un alza de $37.000 mensuales para un auto particular es considerable pero no lo es menos en el transporte de carga. Pues si el Diesel sube $580, el costo de fletes se traslada necesariamente a los alimentos y productos básicos, efecto que automáticamente generará inflación de precios a breve plazo en el supermercado y mercados minoristas. Recordemos que 40% de los costos totales del transporte de carga se refiere al precio del combustible.

Ante este panorama las proyecciones inflacionarias para 2026 deberán revisarse. El alza del combustible supone alrededor de 1 punto porcentual a la inflación del mes por lo que ésta debería situarse por sobre 1% en el mes de abril. Por lo que al cierre de 2026 se puede prever una inflación de alrededor de 4%. Sin embargo, el Banco Central mantiene la convergencia a 3% y consecuente con ello persiste en la TPM de 4,5% como factor de contención de precios. Señalemos un elemento clave, para el pan se prevé un alza de 10%. Otras alzas en carnes, frutas y verduras señalan la realidad de mayores costos de transporte en la distribución. Con ello las familias del quintil más pobre son las más afectadas, ya que destinan una mayor proporción de sus ingresos a alimentos.

El Consejo Fiscal Autónomo ha alertado que la meta de balance estructural podría incumplirse por cuarto año consecutivo debido al costo de los subsidios energéticos y la menor recaudación por el enfriamiento económico. Sin embargo las medidas de mitigación adoptadas por el gobierno tienen un impacto mínimo en la Caja Fiscal. Como se verá más abajo aquellas representan apenas un 7,5% de los 3 mil millones de dólares presupuestados en el caso de una eventual intervención del gobierno vía MEPCO.

En un clima de recorte de gastos aprobados en el Presupuesto Nacional 2026 es pertinente preguntarse si acaso podrá mantenerse el gasto aprobado en tres áreas básicas de Bienes Públicos?

Salud y Educación. Aunque el presupuesto 2026 contempla un aumento del 5,6% para Salud, la inflación de costos (insumos médicos, transporte escolar) diluye el poder adquisitivo de estos fondos. El gobierno enfrenta el dilema de recortar gastos en otras áreas para mantener estos servicios esenciales.

Vivienda. El encarecimiento de materiales y fletes —derivado del alza del petróleo— amenaza con paralizar proyectos de vivienda social o requerir inyecciones adicionales de recursos fiscales que hoy según el gobierno actual no están disponibles.

Como respuesta el gobierno presenta a la opinión pública una batería de mecanismos destinadas amortiguar los efectos sociales del alza de los combustibles; a saber bonos a dueños de embarcaciones de la pequeña pesca artesanal, subsidio al gas licuado para familias pertenecientes al 80% más vulnerable, ayudas a colectiveros, taxistas y transporte escolar, aporte familiar permanente, subsidio único familiar automático para el 40% más vulnerable, bono mensual para trabajadores con jornadas completas cuyas remuneraciones brutas sean inferiores a $761.741.

El total de esas ayudas asciende a un monto de 225 millones de dólares, esto un 7,5% de los 3.000 millones de dólares que el gobierno estima ahorrar al no intervenir en el alza del precio de los combustibles. El objetivo es claro: administrar la Deuda, restringiendo los flujos de Caja. Es decir mantenerse según márgenes de déficit programados y tasas de inflación amortiguadas en una proporción muy menor por los bonos más arriba señalados. Sin un Plan Fiscal, en el marco de crecimiento de la economía, la estabilización de costos y precios queda entregada a flujos de Caja alimentados por la Deuda.

Recordemos que en una primera fase se presentó a la ciudadanía, el Déficit fiscal y la Deuda Nacional dejada por el gobierno anterior como la constatación de la quiebra del Estado de Chile. Esta argumentación presentó el saneamiento de la Caja Fiscal como la meta central del Estado, planes que tomaron un tinte más complicado cuando el gobierno debió asumir el alza de combustibles dado el conflicto en Medio Oriente.

Con tiempos escasos para transformar una estructura heterogénea, donde las grandes empresas mineras no irradian hacia pequeñas y medianas empresas que conjuntamente con talleres artesanales representan 80% del empleo, el gobierno de Kast, con proyectos asistenciales entiende aminorar el shock de los ajustes que pretende. Cayó así en la misma realidad que el gobierno de la centroizquierda que lo precedió, es decir el mundo del dinero, donde los instrumentos financieros y las representaciones de valor subyacentes, con rentabilidades que acarrean plazos entre los que pueden suceder numerosos cambios y donde las variaciones en la conducta de la economía nunca estuvieron disponibles para resolver los problemas de la economía real.

En ese marco este gobierno derecha y el precedente de centroizquierda, han debido preguntarse si acaso la regla fiscal y las metas de inflación nos llevan a la reactivación de la economía real. Con tasas de crecimiento que no sobrepasan 2,5%, formación de capital fijo en torno al 20%, exportaciones de cobre basadas en concentrados, sin mayor proyección (pues sujetas a cadenas de valor controladas por las transnacionales que operan en el territorio nacional), la alta dirección económica ha debido rendirse a la lógica de los poseedores de la riqueza financiera. Es la lógica que describía J. M. Keynes en Ensayos de Persuasión en la Inglaterra de 1931 que abandonaba el patrón oro y convertía a la libra esterlina en moneda fiduciaria.

La economía de la Deuda supone la interposición bancaria. Fenómeno descrito por Keynes y que brillantemente actualiza Hyman P. Minsky, en la segunda mitad de los años ‘70s, donde se ilustra el caso de capitalistas dueños de activos reales cuya compra se ha realizado mediante activos financieros. Interposición bancaria-financiera que compromete en todos los casos a vendedores y compradores de activos reales. Para Keynes “la interposición de este velo de dinero entre el activo real y el dueño de la riqueza es una marcada y especial característica del mundo moderno”, representación financiera desde donde los economistas de derecha y de izquierda entienden resolver el valor de la moneda y contener la presión inflacionaria – representación financiera reactiva que no asume el crecimiento de los activos reales. Si buscamos rasgar el velo monetario, o reacción proactiva destinada a crear riqueza, la tarea se desplaza hacia dos frentes destinados a crear un marco de desarrollo de la economía con participación del sector público y privado y la población asalariada a saber: la inversión pública-privada y la productividad.

Para la inversión, propongo un Fondo de Financiamiento Tripartito (FFT) en sectores de Bienes Públicos (educación, salud, vivienda social) eliminando así la nociva alternativa de altas TPM ya comentada. En el FFT se sustituye el financiamiento tradicional mediante emisión de bonos en tres sectores a saber (1) Fondos de pensiones; (2) Presupuesto del Estado; (3) Financistas del sector privado. Esta política hace posible el financiamiento en el ámbito de la economía real, el goce, uso y disposición de los Bienes Públicos. Solución por etapas que aseguran realizaciones en sectores básicos de Bienes Públicos.

La productividad total de factores (PTF) ha mostrado un estancamiento estructural durante los últimos 15 a 16 años. Durante la década de los 90 la PTF crecía por sobre el 4% anual. En la última década su contribución al crecimiento económico ha sido casi nula o negativa. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) reporta que entre dos años consecutivos entre 2024 y 2025 se ha producido un crecimiento de productividad, de 0,5 a 0,6. Como desafíos estructurales se cita la falta de adopción tecnológica, rigideces en el mercado laboral y una baja inversión en I+D. Al centrarse la minería en el modelo extractivista y constatarse bajas leyes del mineral las mediciones de PTF son a la baja.

El PTF sin minería muestra un desempeño levemente mejor. Situación contraria en Construcción que muestra un repunte importante. Esta es una enumeración de fallas estructurales sin cuya solución los planes de estabilización de la economía se verán neutralizados por el lado de la oferta.

En conclusión, ya no se trata si el gobierno asume 10%, 50% u 80% del alza de precio del combustible sino qué Bien Público estamos afectando y a qué costo. Los bonos y aportes financieros del gobierno a ciertos sectores sociales ayudan a paliar algunas necesidades pero no resuelven. Es más su financiamiento representa apenas un 7,5% de los 3ooo mil millones de dólares monto en que el gobierno estimó su eventual intervención con el MEPCO.

Combatir la inflación por el lado de la oferta (el petróleo caro que sube el transporte) usando herramientas de demanda (subir tasas para que la gente compre menos) es la medicina que no soluciona el problema de fondo a saber la dependencia energética y la falta de diversificación productiva.

Subir tasas (TPM al 4,5%) es un freno, no un motor. Si bien el Banco Central logra enfriar el consumo para que los precios no sigan escalando, el efecto colateral es que el crédito se vuelve prohibitivo, desincentiva la inversión privada y estanca el crecimiento a largo plazo; esta es una política que lleva a la postergación de proyectos porque la rentabilidad esperada debe ser muy superior al costo del préstamo. La estabilización en crisis implica una revisión del modelo monetario como base del ajuste estructural de los 70 del siglo pasado, modelo que llevó al desempleo y a una crisis social peor aún que los déficits del presupuesto y de la Deuda que buscaba resolver. Modelo que inspiró a la dictadura y que ciertamente inspira al ministro Quiroz, y que desemboca en la administración de la pobreza y profundiza las grandes diferencias sociales.

Santiago abril 6, 2026