Muchas páginas se han escrito sobre el movimiento obrero en Chile, sin embargo la sublevación popular del 18 de octubre es inédita pues, no es un sindicato o movimiento de trabajadores que reivindica sus derechos sino que es la población desde los más diversos estratos sociales que protesta en las calles por el abuso a que ha sido sometida por la clase política en los últimos 47 años – 17 años de dictadura cívico-militar y 30 años de transición a la democracia traicionada.

La revuelta lleva más de 2 meses. Revelando un desconocimiento total de lo que sucedía, Piñera pensó que podía tratar la revuelta como un problema de orden público. 1 millón 200 mil manifestantes en la calle marchando el 25 de octubre, hacia la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia) demostró que la clase política estaba completamente equivocada acerca de la magnitud de la revuelta ciudadana. A ello se sumó 1 millón de ciudadanos marchando en el resto del territorio nacional y cuyo lema al igual que en la Región Metropolitana fue el llamado a una Asamblea Constituyente.

Cuando se ha internalizado el abuso como parte del modelo económico y social que rige el país, con leyes y regulaciones que amparan una clase de operadores políticos no es fácil revertir 47 años de práctica y al mismo tiempo entender lo que ocurre. Es así como el 15 de noviembre la clase política firmó un llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución en el cual se regulaban plazos y reglas de participación de los pueblos originarios, las mujeres y los independientes.

Es más, se impuso un quórum de aprobación en la redacción de la nueva Constitución de 2/3 de los delegados constituyentes. Una Convención (como la llamaron en lugar de Asamblea Constituyente) con 50% de parlamentarios aparecía como alternativa de una asamblea de 100% de ciudadanos independientes.

Si existían dudas acerca de las intenciones de esta fuerza corporativa en que se transformó la clase política el texto del Pacto Social las despeja completamente. Este sainete se perfeccionó un mes más tarde (19 de diciembre) con la reforma constitucional del Capítulo XV que permitía a la clase política plebiscitar la convocatoria a su Convención constitucional. Trámite absolutamente innecesario, pues la Constitución de 1980 en su Art. 5° claramente expresa que “la soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece». Basándose en el Art. 5 citado el presidente de la República podía convocar a plebiscito. No era pues necesario convocar a una reforma constitucional, mediante el Capítulo XV de la Constitución, a menos que se trate de reformar la de 1980 lo que lleva implícito conservar su espíritu.Es decir, reformar – quiero decir parchar – algunas de las materias referentes a los Bienes Públicos en discusión y que se encuentran en el capitulo de las garantías constitucionales de la actual Constitución a saber, educación, salud, vivienda social, pensiones, agua, etc.; sin entrar en las grandes reformas del Estado relativas a sus 3 poderes, Ejecutivo, Congreso y Judicial, entre otras.

Con ello queda claro que nunca ha sido la intención de la clase política convocar a la ciudadanía para plantear una Nueva Constitución. De allí se explica la dudosa participación ciudadana prevista en el acuerdo del Congreso el 19 de diciembre. Estas ambigüedades ocultan las intenciones de la clase política. Esta nunca ha logrado responder la pregunta central en el debate planteado por la ciudadanía a saber: Si no es aprobada la Constitución que la clase política presente en 2021, ¿qué Constitución regirá? Es la discusión que la clase política escabulle. Dicho de otra manera: el proceso constituyente ¿se inaugura como una página en blanco o por el contrario debe considerarse como una mera reforma de la Constitución de 1980?

Ese es el fraude que la clase política planea. Nunca como ahora la ciudadanía debe estar vigilante al gran fraude que prepara la clase política. Por ello debemos plantear desde las comunas una Asamblea Constituyente Auto Convocada. No es un hecho menor que 30 o 40 comunas de la Región Metropolitana y del territorio nacional se auto convoquen para iniciar la redacción de una Nueva Constitución. Si esto ocurre se habrá inaugurado un proceso constituyente desde la base comunal. Será el momento de decir: TODO EL PODER A LAS COMUNAS.

* Abogado y economista