El acuerdo de la clase política del 15 de noviembre de 2019 por la Paz Social y la Nueva Constitución significa una cesión de poder de Piñera a la clase política que se hace cargo del proceso político constituyente como principal instrumento para encauzar y controlar el estallido social del 18 de octubre. Acuerdo que una comisión técnica de los partidos (5 de diciembre) concretó en la elección de los delegados constituyentes mediante el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados (Ley 20840 de 2015 que redujo los distritos de 60 a solo 28) en la proporción correspondiente. Esto significa que para presentar una candidatura de delegado independiente habrá que reunir un número determinado de firmas patrocinantes, legalizadas ante Notario siendo lo central de esto, que las candidaturas a delegados constituyentes se hará mediante listas cerradas.

Para someterse a esa normativa y con el fin de tener algún éxito de participación en el proceso constituyente, parte de la ciudadanía se dio a la tarea de constituir ‘partidos instrumentales’ de legalización rápida destinados a constituir listas electorales. Estos ‘partidos instrumentales’ o ‘partidos taxi’ de recorrido breve, postulan que una vez cumplido el objetivo electoral, se deshacen. Es lo que prometió el PPD hace tres décadas atrás (¡?).

De alguna forma ha sido la manera de sortear la burda trampa electoral de la clase política que con una aprobación de 2%, dicta al 98% de la ciudadanía las reglas de participación. Son los mismos partidos que al no cumplir con la normativa de la ley de refichajes de 2017 durante la presidencia Bachelet,  procedieron a resolver, con la complicidad del servicio electoral (SERVEL), su incapacidad de reunir 18 mil firmas con un mecanismo sustitutivo que les permitiera reficharse ilegítimamente (Ver sitio web del Centro de Investigaciones Periodísticas, CIPER, “Refichajes ilegítimos”).

Está claro que el funcionamiento de una democracia se realiza mediante partidos políticos y la convocatoria ineludible de sindicatos y organizaciones sociales. Pero esto exige un estado en forma. Algo inexistente en la realidad de un régimen que hace décadas ignoró las organizaciones de base del país. Por eso, a la ilegitimidad de los partidos se suma un Estado carente de credibilidad y de poder frente a demandas sociales que se acumulan sin solución alguna. Este proceso de licuefacción de las instituciones del estado impide a la clase política dirigir un proceso constituyente. De nada sirve que Piñera entregue cuotas de poder a partidos sin representación alguna ante la opinión pública.

El plebiscito convocado por los alcaldes el 7 de diciembre, con la participación de 330 comunas y su masiva concurrencia demostró la existencia de canales de participación alternativos a los tradicionales administrados y controlados por la clase política. Surge así la Comuna como alternativa de poder. Ya no bastan las convocatorias vecinales para participar en procesos de consulta tradicionalmente no vinculantes. Frente al estallido social, Cabildos, Juntas de Vecinos y otras agrupaciones ciudadanas que la ley franquea para participar en la administración comunal adquieren un rol inédito en el proceso constituyente.

La experiencia comunal señala un derrotero posible a las manifestaciones que cuotidianamente se dan en la calle estos últimos 5 meses. Baste citar la gran marcha del 25 de octubre de 2019 que reunió 1 millón 200 mil ciudadanos en la ciudad de Santiago y más de 3 millones de ciudadanos en el territorio nacional. A ello se agrega el 8 de marzo, día de la mujer, con más de 2 millones de mujeres en la Región Metropolitana con otro millón en regiones y cuyo contenido político fue innegable.

En ese contexto el plebiscito del 26 de abril es un ejercicio que se da en el curso de 47 años de interdicción política de la ciudadanía, con una clase política, que a regañadientes concedió una reforma constitucional que si bien resultó una fórmula tramposa al menos abrió las compuertas para un ejercicio constituyente. Vivimos los tiempos de un contrapoder social, como reacción ante el virtual desconocimiento de los derechos políticos de la ciudadanía durante la dictadura que, bajo formas encubiertas se prolongó durante tres décadas. El silencio de la Concertación frente a la doctrina de la democracia protegida de la dictadura fue el primer paso para desconocer el rol de la ciudadanía en sus múltiples expresiones y organizaciones sociales.

Las maniobras de la clase política en la década de los ‘80 están en la memoria colectiva cuando el PRODEN lideraba las manifestaciones callejeras y el Grupo de los 24 liderado por el abogado radical Manuel Sanhueza echaba las bases de la nueva institucionalidad en democracia. Conviene recordar que al sellarse el acuerdo plebiscitario con la dictadura (consulta de octubre de 1988), la clase política, con Aylwin a la cabeza, enterró las movilizaciones de la ciudadanía, el liderazgo del Acuerdo de la Civilidad y del PRODEN, los trabajos del Grupo de los 24, las organizaciones sociales y sindicatos, consagrando con ello un régimen que nos ha regido por más de tres décadas.

Hoy, cuando la clase política llama a ‘escucharse los unos a los otros’, a intentar una ‘salida democrática’, pienso que la ciudadanía evoca los abusos y desigualdades en nombre de un libre mercado con salarios y jubilaciones indignas, bienes públicos (salud, educación, vivienda…..) reducidos a categorías de ingreso y en manos de grupos financieros; público cautivo, en calidad de deudores vitalicios, sin ninguna posibilidad de liberarse de las desigualdades que convierte la declaración constitucional de igualdad ante la ley en letra muerta; prescindencia del Estado en la economía (subsidiariedad) y libre mercado en manos de mercaderes; pillaje de las transnacionales de los recursos del cobre, litio, del mar en manos de 7 familias…prensa reducida al duopolio, El Mercurio y Copesa…En fin, larga lista de exclusiones y frustraciones que un estallido social irreversible reveló en su faz más cruda y despiadada.

En conclusión, a partir del 26 de Abril, la iniciativa política queda en manos de la ciudadanía organizada en las comunas es decir, Comunas Constituyentes Autoconvocadas. Al margen de trampas y cortapisas legales el proceso constituyente, sistemáticamente ignorado por una clase política sobrepasada, ya se está dando a lo largo y ancho del territorio nacional, siendo el objetivo la incorporación de las  346 comunas del país.

Hoy, es tarea urgente definir la plataforma de lucha del Pueblo en Principios Constitucionales de fácil acceso y comprensión de todos. Reconozcamos en definitiva que Chile es un Estado-Nación plurinacional en el cual los pueblos originarios, mapuche, altiplánicos y rapa-nui tendrán un reconocimiento constitucional. El gobierno será democrático y semi representativo por cuanto la ciudadanía, junto con su participación en elecciones periódicas para elegir sus autoridades, participará además mediante el Plebiscito, la Iniciativa Popular de Leyes y el Referéndum Revocatorio de las autoridades. Las normas jurídicas emanarán del órgano legislativo por medio de un Congreso unicameral denominado Asamblea Nacional en que el asambleísta durará seis años en el cargo sin reelección inmediata. Preocupación fundamental del gobierno, como emanación de la voluntad soberana del pueblo, por los Bienes Públicos, matriz perfectible y civilizatoria que tomará en cuenta la evolución de la sociedad. La legislación garantizará a la población LGBT el matrimonio igualitario o la adopción homoparental, así como el apoyo en el estrés y salud de las minorías sexuales y de género. Se establecerá como principio soberano de solidaridad e integración en Latinoamérica, el reconocimiento de las extraterritorialidades en casos relativos a derechos humanos [Tratado de Costa Rica]; la jurisdicción de la Corte Internacional de la Haya en crímenes contra la humanidad; el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. A lo cual se agregará todo lo relativo a relaciones internacionales y comerciales con atingencia a la economía, medio ambiente, utilización de la energía, del agua y todo aquello que tenga relación con la vida humana en el planeta. Este principio deberá ser desarrollado y reglamentado por leyes para cuya derogación, modificación o reemplazo se exigirá quórum simple. Desde la lectura en las comunas y organizaciones sociales este es el cometido que nos espera en los próximos meses.

La tarea por estos Principios Constitucionales es inmensa y quizás intimidante, pero es nuestra tarea realizarla.

Marzo 2020