BIENES PÚBLICOS UNA CARA IGNORADA DE LA CRISIS. Héctor Vega

El Coronavirus se agrega a factores de cambio que interactúan a nivel de la humanidad y demuestran la fragilidad de la especie humana en su hábitat. Este solo factor señala 73,2 millones de casos y más de 1,6 millones de muertes en el mundo. 2,4 millones de inmigrantes en busca de mejores condiciones de vida entraron en 2019 en 27 países de la Unión Europea, sin otro destino que condiciones de vida precarios. El cierre de la economía agrega condiciones de desempleo agravadas por la pandemia. Para 2021 se augura 193,7 millones de desempleados, esto es una tasa de 5,5%, que refleja empleos precarios, en gran medida por cuenta propia, e inmigrantes con escasas posibilidades de ser absorbidos en el mercado de trabajo.

Chile comparte este balance negativo. El Covid19 ha restado parte importancia del potencial de la economía, lo que se ha traducido en proyecciones que oscilan entre -5,5% y -7,5% del PIB en 2020. Baste decir que en el segundo trimestre el PIB se contrajo en el segundo trimestre un 14,1% –la mayor caída desde 1986 según observa el Banco Central. Institución que en su Informe de Política Monetaria (IPOM) constató que en el pasado mes de julio, la economía del país cayó un 10,7 %, cuando aún regían estrictas cuarentenas en la mayor parte del país para contener la pandemia, que en seis meses causó más de 412.000 contagios y casi 11.300 muertes. Hoy (escribo en diciembre) hemos llegado a 15 mil 886 fallecidos.

Esto no es un tema puramente económico sino que interpela además a las instituciones de los Estados que fallan en administrar la seguridad social y los recursos necesarios para cubrir con el empleo, la salud, la vivienda, las pensiones, el acceso al agua, los alimentos, la ciencia, la tecnología … .etc. Este no-compromiso o evasión de tareas de los gobiernos y el sector corporativo, paradojalmente ha significado una ganancia virtual o Cuasi-Renta para los sectores dominantes de la sociedad –ganancia virtual, puesto que no aparece en ninguna contabilidad de empresas, pero que así ayuda abaratar costos de una mano de obra desprotegida. Es la contrapartida de externalidades negativas, es decir, no asumidas. Bienes Públicos cuya existencia el mercado ignora. Lo que se traduce en una falla de mercado. El Estado se hace cargo de esos costos de manera insuficiente…o bien, simplemente se ignoran. En definitiva se trata de un balance negativo que los actores dominantes del sistema no asumen. Sin cambios estructurales y regulaciones efectivas la Deuda Social que se genera no se recupera. Las transferencias monetarias del Estado no logran hacerse cargo de la situación para una población que en situación de necesidad toma las funciones del Estado y, retira el ahorro forzoso acumulado en los fondos de pensiones.Realidad de varios países de Latinoamérica, donde los impuestos y los subsidios son insuficientes para recuperar el salario social de los trabajadores, tampoco las transferencias monetarias, no ligadas a puestos de trabajo precarios con bajos salarios, logran subvenir gastos indispensables en educación, salud y vivienda social. En lo concreto, las políticas de recuperación de los Bienes Públicos patrocinadas por los Estados han fracasado. Ante la falla de las instituciones, el público mediante los retiros de fondos previsionales ha tomado en sus manos la solución de sus problemas económicos. Situación que se agravará con un eventual segundo brote de la pandemia. En el primer retiro de fondos se pagaron US$18 mil millones a 10 millones de personas. Para el segundo, la Superintendencia de Pensiones prevé un pago de US$18 mil 700 millones.

¿Qué explicación tenemos de un fracaso del sistema agravado por la Pandemia? En 11 años (2006-2017) la pobreza bajó de un 29,1% a un 8,6% de las personas y los vulnerables de 22,3% a 15,9% – ambas capas representan más de dos millones 200 mil de la población. Es un contingente que no logra la plena incorporación a la fuerza de trabajo. A este debe incorporarse la clase media-baja cuya proximidad con el sector de los pobres es alta pues sus ingresos son precarios y bajos. Si el Estado busca resolver esa situación mediante subsidios, esto debe interpretarse como que la movilidad de pobre a clase media no proviene de mejoras en los puestos de trabajo y de sus remuneraciones, (los denominados ingresos autónomos), obtenidos en sus puestos de trabajo o de las jubilaciones contributivas. Bajar la pobreza de 29% a 8% implica conocer dónde, cómo y en qué condiciones esa población emigra hacia otros grupos socio-económicos es decir, hacia algunos estratos de la clase media a saber, baja, media-media y media-alta.

Las cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) permiten conocer en parte la movilidad de la población entre los años 2006 y 2017. Digo en parte pues en tiempos de Pandemia y confinamiento se neutraliza la actividad productiva. Esto permite entender las limitaciones del modelo de mercado en los tiempos futuros pos virus, que serán muy diferentes a todo lo que hemos conocido hasta ahora. Existen condiciones estructurales que el modelo de mercado no ha logrado resolver. Impera así un status quo social donde la economía crece pero las desigualdades se mantienen. En lo estructural, las grandes y medianas empresas representan el 4% del total, es decir, poco más de 56 mil unidades productivas entre grandes (14172) y medianas (42000) con un 92% de las ventas. Las micro y pequeñas empresas, 875.000 unidades, representan el 8% de las ventas totales.

El ingreso de los trabajadores, salvo sectores modernos e intermedios de la economía (grandes y medianas empresas de la minería transnacional, industria y servicios modernos), alrededor de 15% de la fuerza de trabajo, revela remuneraciones insuficientes para el 85% restante de mayor vulnerabilidad, empleados en el comercio, construcción y servicios con pocas o nulas perspectivas de mejoramiento: empleados en micro y pequeñas empresas, talleres artesanales, pequeño comercio, obreros de la construcción sin contrato permanente de trabajo en empresas con RUT múltiples para evadir los pagos de la seguridad social y jubilación contributiva, independientes con boleta y sin seguridad social, juniors, distribuidores de alimentos, vendedores ambulantes, trabajadores ocasionales… En condiciones de precariedad laboral los automatismos del mercado no operan. El Estado consecuente con su política asistencialista multiplica los subsidios y las transferencias monetarias que la heterogeneidad estructural termina por neutralizar. Esta se define en términos de productividad, progreso técnico y escala de operaciones, en empresas modernas, intermedias y tradicionales. Es la estructura en la que se realizan los gastos de la empresa en los procesos de inversión, gastos corrientes, distribución de ganancias, y pago de intereses.

Las remuneraciones resultan de la diferencia entre la producción neta total y los gastos totales de la empresa. De la diferencia entre el consumo efectivo de los trabajadores y los gastos reales se deducen los gastos compensatorios del Estado vía presupuestaria y otros no necesariamente ligados a la estructura formal de la economía. De la realidad de remuneraciones y sus diferencias entre sectores modernos, intermedios y tradicionales se deduce el acceso a los Bienes Públicos y el papel compensatorio que juega el Estado. Vía presupuestaria la Deuda Social termina por socializarse. Resumiendo, los elementos que se toman en cuenta a saber, ganancias y renta del capital, inversiones, amortizaciones, remuneraciones de trabajadores tenemos un surplus o excedente (categoría propia del capitalismo en tiempos de la industria 4.0) que considera la partida acumulada, o plusvalía efectiva, que representa la diferencia entre la producción corriente y el consumo efectivo de la sociedad. De allí que esta categoría deba entenderse como un índice de productividad y de prosperidad y, del margen de libertad que dispone una sociedad para alcanzar los objetivo que se proponga.

El Estado no crea valor, más bien lo gasta, a través del sistema fiscal. Los gastos que realiza constituyen una porción de la plusvalía creada en las unidades productivas. La transferencia del excedente revela de una parte, su realización y de otra, la valorización del capital social que se crea en la ciudad y el campo. La tasa de interés de las inversiones representa el costo alternativo de los gastos sociales, o Bienes Públicos que se realizan. Si se mantiene la estructura productiva heterogénea de la economía, parte del excedente de la economía se recrearán necesariamente los circuitos de transferencias destinados a los pobres y población de la clase media-baja, cualesquiera que sean la inversión y gastos para compensar a los pobres y clase media baja en este caso. Es lo que sucede con los trabajadores que se integran en la urbanización del cinturón de la Región Metropolitana y, que se emplean en la ciudad. De esta manera, el excedente se canaliza mediante subsidios, transferencias monetarias, en fin, compensaciones a remuneraciones insuficientes, a través del gasto social del Presupuesto Público. Las transferencias directas del Estado a personas y familias representan 10% del presupuesto público, es decir US$7785 millones y beneficia a alrededor de 6 millones de personas.

Personas afectadas por la pobreza: datos calculados por la Fundación Sol según encuesta CASEN 2017 para el período 2011-2017. Investigadores: Durán y Kremerman (Se trata de micro-simulaciones calculadas según programa estadístico Stata. En los cálculos se excluyen de los ingresos laborales y pensiones contributivas los ingresos del capital, alquiler imputado y subsidios transferidos por el Estado. Se toman en cuenta sólo los ingresos laborales y pensiones contributivas).

El objetivo de los investigadores es detectar la capacidad de los ingresos de los trabajadores y de las pensiones contributiva en su caso, para mantener a los hogares fuera de la pobreza por ingresos. El cálculo oficial realizado en la encuesta CASEN agrega al ingreso autónomo los subsidios transferidos por el Estado, con lo que se obtiene 8,6% de personas en situación de pobreza esto es, 1.528.284. Eliminando del cálculo, las transferencias y subsidios del Estado las personas en situación de pobreza pasarían a 29,4%, 5.223.916 millones de personas, es decir 3,4 puntos más de la versión oficial. Es decir, si las personas dependieran sólo de los ingresos del trabajo, o de la jubilación, y esto se comparara con los límites de la pobreza, 3 de cada 10 personas no superaría dicha línea. La situación empeora si la micro-simulación de la pobreza monetaria pone como meta el acceso a una canasta de alimentos de calidad, es decir, se incrementan las exigencias para medir la verdadera pobreza. En ese caso el cálculo oficial de 8,6% de pobres, pasa a 19,8% es decir, 3.520.444 personas y el porcentaje de pobreza calculado por los investigadores de la Fundación Sol pasa de 29,4% a 42,8%.

Dados los datos conviene preguntarse si acaso la estructura heterogénea es capaz de proveer de salarios autónomos (es decir sin subsidios o transferencias monetarias) y con ello prescindir de las transferencias del Estado. Los estudios de la Subsecretaría de Evaluación Social y el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales (UC) concuerdan en la baja de la pobreza si se la mide con las cifras de 1990 o el 2000, pero reconocen la insuficiencia de los ingresos autónomos sobre todo si se comparan los del 10% más rico de la población, éstos son 30,8 veces mayores que los del 10% más pobre. Al comentar estas cifras, la subsecretaria de Evaluación Social reconoce que al analizar la distribución con las transferencias monetarias incluidas, esta diferencia baja 17 veces. Ahora bien, las transferencias monetarias hacen bajar las diferencias, pero no en la medida deseable. Sin entrar en mayores precisiones la autoridad reconoce la existencia de “costos administrativos y los intermediarios” que de resolverse impactarían directamente en los hogares. Esta precisión de la autoridad demuestra su nula voluntad para discutir las cuestiones estructurales que dominan la desigualdad en nuestro país – peor aún, no las imagina.

Según la propuesta de los investigadores de la Fundación Sol, la política oficial no conduce a la erradicación de la pobreza, no por fallas en los protocolos de transferencias o subsidios estatales, sino porque los salarios e ingresos laborales son insuficientes. Restar subsidios, ingresos de capital, alquiler imputado, no hace sino desnudar la realidad de las remuneraciones y las pensiones. De hecho el texto lo señala: “En Chile, la mitad de los trabajadores gana menos de $350.000 líquidos mensuales y el 50% de las personas que reciben pensiones contributivas obtienen menos de $170.000 (datos CASEN 2017)”.

En conclusión, el modelo es incapaz de reemplazar subsidios y transferencias por sueldos y salarios de los trabajadores en la actividad productiva. Al no existir otro factor de transferencia entre capas de la población que los subsidios ya mencionados la situación se relativiza. La clase media, mejora de 43,2% a 65,4% esto es, la población que se integra a ella (supra) mejora en 22,2 puntos lejos de los 26,9 puntos estadísticos que significa el hecho de abandonar la situación de pobres y vulnerables en la escala social (6,4% ascenso de vulnerables + 20,5% ascenso de pobres, en total 26,9%).

Ahora bien, esos 26,9 puntos se acercan al porcentaje de medición de la pobreza cuando se restan los subsidios agregados al ingreso de los trabajadores (según el cálculo de Durán y Kremerman) a saber, 29,4% (supra), lo que demuestra con claridad que los subsidios constituyen la pieza maestra del modelo de mercado. Hay voluntad para ocultar situaciones de desigualdad vergonzosa pero de ninguna manera de modificar las reglas del modelo de mercado que conllevan la desigualdad. Los subsidios del Estado ocultan una situación de pobreza, pero no tienen perspectivas serias de enfocar el problema de la desigualdad.

Los subsidios no reducen la brecha de la desigualdad. Las transferencias en el caso de Chile no logran descender el índice de Gini, como sí sucede en otros países lo que se refleja en el hecho que aún accediendo los pobres y vulnerables a las posiciones de la clase media-baja, las desigualdades en términos de ingreso y acceso a los Bienes Públicos básicos es limitada. La explicación debe buscarse en la heterogeneidad estructural de las unidades productivas. El sector minero moderno de propiedad transnacional, más Codelco, aporta 50% de las exportaciones y cerca del 10% del PIB; la alta intensidad de capital y economías de escala generan un fenómeno de discontinuidad con el sector intermediario de la industria, medida en términos de productividad. La capitalización de los servicios a la minería es el próximo paso a seguir y, asegurar de esa manera la creación virtuosa de cadenas de valor. Estamos aún lejos de lograr dicha continuidad en la creación de valor agregado; por el momento es un objetivo a futuro.

Actualmente impera la discontinuidad entre subsectores de la economía. Lo que se refleja en la quiebra de cadenas de valor, trasladando el proceso de producción fuera de nuestras fronteras, situación en la que el comprador final de las materias primas, principalmente el cobre, impone el precio, tomando en cuenta el valor agregado y precio final de la exportación de concentrados. En ese precio liquidado por el comprador se cuentan, entre otros ítem: el embarque y desembarque, el transporte, los derechos de aduana, la refinería, los intereses de la banca y, el valor del producto final, según el mercado de la manufactura que compra el cobre refinado.

La discontinuidad rompe el criterio precio/productividad, porque el salario no corresponde a la productividad de la empresa en Chile, sino a la productividad del proceso destinado a producir la manufactura producto final en el territorio del importador. Esto distorsiona el criterio de la productividad en el modelo de mercado.

En definitiva se paga en relación a salarios hora consagrados en el mercado laboral; pagar según lo producido por el trabajador es decir, salario medido según la productividad del trabajador, considerando el margen de pleno acceso a los Bienes Públicos básicos, implicaría una economía plenamente integrada, sin discontinuidades en las cadenas de valor de la producción y, fluidez en el proceso del empleo. Meta difícil de cumplir en el presente. No obstante, será parte, en la época pos virus, de las grandes transformaciones estructurales que nos aproximan a un cambio de modelo hacia una sociedad social-solidaria. No olvidemos que los datos laborales indican que casi el 40% de la creación total de empleos del modelo corresponde a trabajos por cuenta propia ejercidos en la calle. Lo que plantea una dificultad adicional a los cambios estructurales que llevan a procesos de continuidad en el proceso productivo.

En conclusión

Existen situaciones que ponen en riesgo los mecanismos compensatorios del Estado. Sus efectos son neutralizados. Con ello se crea una situación de circularidad que en lugar de eliminar la desigualdad termina por ratificar la realidad económica social que se busca transformar.

Las transferencias directas del Estado persiguen disminuir la brecha de desigualdad, sin embargo, el sistema impositivo, en la tributación de la renta como en los impuestos indirectos y la evasión, consagran situaciones que terminan por neutralizar los efectos de las transferencias monetarias a los sectores más desposeídos de la población.

1.  Desigualdad y transferencias. El régimen tributario y las transferencias, consecuencia de este y, destinadas a terminar en forma definitiva con la desigualdad es central. Francia, con un índice de Gini bruto de 0,52, peor que el de Chile, 0,49, reduce el índice gracias al efecto conjunto de transferencias e impuestos, a 0,29. Nada comparable con el índice en Chile que en base a las mismas variables obtiene una mejora marginal, llegando a 0,46. En países desarrollados los tributos cambian el Gini en 4 puntos siendo las transferencias de mayor impacto aquellas que permiten un mejoramiento de 10 puntos o aún más.

2.  Impuesto a la renta. La circularidad se explica por un régimen impositivo regresivo. La norma del ‘impuesto-crédito’ regula la tributación de la actividad empresarial. Las empresas tributan sólo por las utilidades distribuidas. Esta alternativa no solo no produce ingresos tributarios, sino que, al tener este impuesto créditos (por contribuciones de bienes raíces, capacitación, donaciones, compra de bienes durables, entre otros) la recaudación resulta negativa, es decir, el Fisco recibe menos dinero que los créditos que debe otorgar. Además, por las utilidades retenidas (no distribuidas) el impuesto es temporal por el período desde que se declaran dichas utilidades y, por las cuales se paga el impuesto, hasta el momento en que se distribuyen dichas utilidades y el impuesto correspondiente –que es, precisemos, de propiedad de los dueños de las empresas, no del fisco. En resumen, el impuesto de primera categoría es neutro, o dicho de una forma más precisa las empresas no pagan impuesto a la renta. No puede entonces sorprender que los impuestos indirectos (58,1%) recauden más que el impuesto a la renta (41,0). Solo el impuesto al valor agregado que golpea al conjunto de la población sin respecto a los sectores de menores ingresos, recauda 48,8%. Otros impuestos indirectos se refieren a productos específicos (7,7%) e impuestos a los actos jurídicos (1,6%).

3.  Gasto tributario. Las exenciones o gasto tributario, son impuestos que el Estado deja de percibir, para beneficiar o fomentar determinadas actividades que históricamente han creado situaciones de privilegio. Esto ha profundizado las desigualdades que el mecanismo de los subsidios, a situaciones socialmente desmedradas, trata de corregir. Con ello se revierte el propósito inicial volviéndose al punto de partida: la pobreza. La OCDE y el Fondo Monetario Internacional han recomendado al gobierno de Chile abolir el Gasto Tributario (exenciones). Proyecciones al año 2019 señalan exenciones por valor de US$ 8430 millones (2,88% del PIB).

4.  Evasión. El Centro de Investigaciones Periodísticas (CIPER) publicó las conclusiones de un estudio sobre la evasión en Chile por el sociólogo Jorge Atria, donde se señala el estudio de Michel Jorrat de 2013, sobre la evasión del 34% en el impuesto a la renta que solo lo paga el 19% de mas altos ingresos. No es el caso del IVA, impuesto que paga toda la población y que tiene una evasión de apenas 8% (CIPER, 2019).

La circularidad de los procesos de gastos e inversiones en los sectores modernos e intermedios de la actividad productiva, se traduce en una Deuda Social in crescendo, base de la desigualdad. Sin cambios estructurales el efecto demostrativo de la ascensión social, del sector medio y alto de la clase media, los subsidios y compensaciones que conllevan, queda neutralizado y, los efectos económicos y sociales esperados por aquellos en situación socialmente desmedrada, se revertirán.

Si sumamos los pobres y vulnerables al contingente que hace 6 meses atrás tenía un trabajo y que ahora está desempleado, tenemos una población que no baja de 5 millones de personas.

Frente a eso es preciso un Plan de Reconstrucción Social, Económica y de Estabilización, cuyo objetivo es la integración social y pasos básicos en la dirección de una sociedad social y solidaria.

17/12/2020

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