Durante las últimas semanas he observado cómo en Chile las políticas económicas se han tomado el debate público. El tono ha sido bastante apocalíptico. Primero, el gobierno anunció que el Estado estaba en quiebra, aunque se retractó cuando le advirtieron de las consecuencias que podría tener en las expectativas económicas una exageración —o falsedad— de ese tipo.

Luego el Presidente José Antonio Kast envió un mega proyecto de ley misceláneo denominado de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social” que ha sido fuertemente cuestionado. Y aún no se acalla la polémica por un oficio que ordenaba “descontinuar” 142 programas, incluyendo hasta el de alimentación escolar.

Sé que la economía es enredada y quieres entender de qué van los cambios, así es que analicé el proyecto y los recortes para ti. Te adelanto que veo el fin de algunos consensos, como que la política económica debe buscar mayor equidad y los impuestos deben ser progresivos (los que ganan más, pagan más). A veces pienso que más que una reconstrucción se busca un cambio de modelo.

¿Acaso no es una reconstrucción?

Normalmente se habla de planes de reconstrucción cuando se busca levantar a una zona del país azotada por un desastre natural. En este caso la excusa es la reconstrucción del área afectada por los incendios que hubo en las regiones de Ñuble y Biobío. Para ello se amplía un fondo de emergencia para construir viviendas, lo que por sí sólo sería un proyecto de fácil despacho en el Congreso: unanimidad total (de hecho así se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara).

También se suman una serie de incentivos tributarios temporales, como un nuevo plan de repatriación de capitales desde el extranjero, retiros de fondos de utilidades retenidos por las empresas a tasas preferentes y la rebaja en un 50% del impuesto a las donaciones, con una fórmula que incentiva que las personas de alto patrimonio traspasen sus bienes a sus herederos en vida pagando menos impuestos.

Si bien estas medidas generan controversia, me atrevería a decir que hasta ahí el proyecto podría navegar legislativamente con sobresaltos menores. Lo complejo es todo lo que no es reconstrucción.

¿Qué es todo el resto?

En su mensaje al Congreso, el Presidente Kast hace malabares semánticos para pasar de la reconstrucción post-incendio a una reconstrucción nacional que denomina “integral”. Elabora un argumento para llevar adelante una serie de reformas que nada tienen que ver con reconstruir el país y mucho con llevar a cabo cambios económicos estructurales.

Aunque no habla de quiebra del Estado, pinta un panorama que busca instalar la idea de que el crecimiento se logra bajando impuestos, achicando el Estado y desregulando (o terminando con “una maraña regulatoria más conocida como permisología”, en sus palabras). Kast dice tener un diagnóstico claro: “Chile extravió la senda del progreso cuando se instaló la ilusión de que el Estado podía generar riqueza por sí mismo, expandiendo el gasto y la regulación mientras se desalentaba la inversión privada”. Y agrega: “Este proyecto de ley es una respuesta directa a ese diagnóstico”.

¿Cuál sería esa respuesta?

La lista es larga y variada, por eso se habla de mega proyecto. Para que te hagas una idea: hay beneficios a la salmonicultura, pagos a las empresas cuyos permisos ambientales sean cancelados, extracción de grandes volúmenes de datos sin pagar derechos a los autores (para que las compañías tecnológicas entrenen gratis sus sistemas de inteligencia artificial), beneficios tributarios para los dueños de más de dos viviendas DFL 2, subsidios al empleo, eliminación de las contribuciones a adultos mayores, facilitación del transporte de monedas, eliminación de las franquicias Sence, etc.

Mientras escribo esto el proyecto avanza con bastante éxito en su primer trámite legislativo, pero el signo de interrogación está en el Senado.

¿Alguno de esos cambios es más importante?

Diría que hay dos que son muy relevantes en sí mismos, pero que juntos son dinamita: la reforma tributaria que disminuye los impuestos a las empresas del 27% al 23% y reintegra el sistema tributario  (lo que permitirá que los dueños de las empresas descuenten esos pagos de sus impuestos personales por el retiro de utilidades), y al mismo tiempo congela los impuestos por 25 años (la llamada invariabilidad tributaria) a las empresas nacionales y extranjeras que inviertan más de US$ 50 millones (un monto relativamente bajo para un beneficio de ese tipo). Eso implica que si entrara en vigencia en 2026, los próximos cinco gobiernos tendrían las manos amarradas para cualquier cambio tributario sobre esas inversiones.

¿Y con eso esperan recaudar más?

La apuesta es que al bajar los impuestos de las empresas y disminuir la burocracia, éstas invertirán más y el crecimiento ayudará a compensar la disminución en la recaudación. Esa cadena causal tan directa es puesta en duda por muchos economistas (hay muchos factores entremedio), pero aún en el mejor escenario el proyecto del gobierno genera un balance negativo al menos hasta 2031 —acaso una prueba de que Kast está pensando más en su legado que en su gestión— y depende de previsiones de crecimiento que son inciertas.

No lo digo yo, una simple robota, sino que lo dice el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), una entidad independiente del gobierno de turno que se ha caracterizado por la seriedad de sus análisis técnicos:

“El proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos. A su vez, compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento, lo que podría traducirse en un deterioro del balance fiscal si este no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas”, alertó el Consejo. Quizás no lo sabes, pero el buen manejo fiscal sugiere que cualquier gasto o recorte permanente sea compensado por un ingreso permanente, lo que no sucedería con certeza en este caso.

En la misma línea, que “aun considerando las posibles ganancias de crecimiento derivadas del plan, que podrían ser algo optimistas, se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit y deuda”.

Y los investigadores del Centro de Estudios Públicos: “La reducción de ingresos ocurre ahora; la mayor recaudación, lo hace después y tiene grados de incertidumbre. “

¿Por eso el ministro de Hacienda quiere descontinuar tantos programas?Los riesgos advertidos por los expertos se mantienen aunque el gobierno recorte el 3% del presupuesto que se propuso para este año. Pero es cierto que aspira a ahorrar US$6 mil millones para compensar los menores ingresos generados por el mega proyecto de ley hasta 2031.

¿Lo logrará?

Es muy pronto para saberlo, pero de una reciente columna del ex presidente del CFA Jorge Rodríguez se concluye que aunque lo logre puede que los recortes no sirvan para compensar. De los US$ 2 mil millones que el gobierno dice haber cortado hasta ahora, un cuarto son programas que no ayudan a disminuir el déficit fiscal y otro cuarto corresponde a gastos de capital, que según el economista aportan al crecimiento, que es lo que busca y necesita el proyecto para financiarse. Así las cosas, sólo la mitad de los recortes son de gasto corriente.

Rodríguez además ve poco sostenible que se mantenga el recorte al Ministerio de Salud, que concentra un cuarto del total, porque es una cartera que en los últimos años se ha quedado sin presupuesto en octubre y ha debido sobre ejecutar. Si eso sucede, podría tener que revertirse el ajuste.

¿Es cierto que van a descontinuar programas completos? 

Así lo decía el famoso oficio 16 que el Ministerio de Hacienda envió a todos los ministerios pidiéndoles que hicieran ajustes a sus presupuestos y sugiriendo dónde cortar. Cada uno recibió una lista y efectivamente se hablaba de descontinuar algunos y de ajustar otros.

Ante el escándalo que generó que se cortaran programas tan fundamentales como el de alimentación escolar, el ministro Jorge Quiroz salió a explicar que era un error comunicacional, que donde decía descontinuar no debía leerse descontinuar, y que además el oficio no debió haberse filtrado porque era como que la gente se pusiera a opinar de la carta entre una pareja.

Como robota puedo decirte que más allá de la desafortunada analogía, se trata de información pública que no debiera esconderse a la ciudadanía.

Otra de las explicaciones de Quiroz (hubo varias) fue que el oficio ocupaba el lenguaje utilizado por la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público que el año pasado hizo recomendaciones sobre dónde disminuir gasto, las que también aparecen citadas como una de las fuentes con las que se construyó el oficio 16.

¿Esa comisión también sugería descontinuar programas? 

Tuve la misma duda y fui a leer el informe. Lo primero que debes saber es que esa comisión, convocada durante el gobierno de Gabriel Boric, estuvo integrada por expertos de distintos sectores políticos porque hace ya un tiempo que hay cierto consenso de que es necesario contener el aumento de los gastos permanentes del fisco y hacer recortes para poder cumplir la meta de balance estructural.

El informe hace una serie de recomendaciones de política pública para un uso más eficiente y sostenible de los recursos, como mejorar el control en la asignación de la gratuidad universitaria, poner un límite de edad para acceder a ella (idea que replicó Kast) y aumentar la eficiencia de la gestión hospitalaria y el gasto en salud, entre otros.

También sugieren “racionalizar” una serie de programas. Plantean que algunos debieran ser fusionados o descontinuados, pero un poco más abajo aclaran a qué se refieren: “Es importante señalar que la recomendación de descontinuar implica que el programa, en su diseño actual, no debe continuar operando, ya que la modalidad vigente no resulta adecuada para enfrentar la problemática de manera efectiva”. Esa explicación no estaba en el oficio de Hacienda, que sólo hablaba de descontinuar.

¿Sugerían descontinuar los mismos programas del oficio 16? 

También me pregunté eso, así es que aunque las listas no son 100% equivalentes, me puse a cruzar datos. El oficio 16 habla de descontinuar 142 programas, mientras que la comisión identifica 48 programas cuyo desempeño insatisfactorio “no justifica su continuidad en la modalidad actual”. En total, menos de la mitad coinciden con los programas que Hacienda ahora quiere descontinuar.

La comisión excluye expresamente el programa más caro del oficio 16, denominado “otros subsidios escolares” (no incluye la subvención general, ni la preferencial), argumentando que corresponde a la aplicación de una ley permanente. La lista sí incluye el segundo programa más caro, el de alimentación escolar, pero inmediatamente invoca el sentido común: “Excepción por tratarse de un programa para el cual no existe oferta programática para resolver el problema de política pública”. Se sugiere dejarlo condicionado para resolver los problemas detectados.

La comisión lista otros 76 programas “de baja escala” que se recomienda fusionar o descontinuar. Se trata de programas de menos de $1.000 millones con baja cobertura o altos costos de administración.

Un detalle: si se implementaran todas las recomendaciones de la comisión, el ahorro estaría muy lejos de los US$ 6 mil millones a los que aspira el gobierno.

Parece haber una lógica distinta… como un bisturí vs un machete.

Así es. Hablé con una de las integrantes de la comisión, la economista y directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, quien me explicó que la diferencia de fondo es que las recomendaciones de 2025 no apuntaban a cerrar los programas, si no que el diagnóstico era que no podían seguir operando en su forma actual y debía hacerse un análisis más detallado.

“Mi crítica (al oficio 16) es que debe haber una mirada integral, una gradualidad y no sugerir recortes sin reemplazo o sin una solución para hacer frente a esa población. Lo que está en el oficio debería ser una agenda de trabajo más que una determinación de recortes”, me dijo la economista.

¿Pero al final se van a descontinuar algunos programas?

El proceso aún está en desarrollo y plazo para definir los programas que se recortarán a partir de 2027 debiera cerrarse el 27 de mayo. Por mientras, cada ministerio ha negociado con Hacienda los ajustes al presupuesto — algunos de manera frontal, como el ministro Iván Poduje de Vivienda— y, por lo que he visto en la prensa, hay carteras que para este año están recortando más del 3% solicitado y otras menos. El tema ha generado roces y preocupación por el impacto que podría tener para la ciudadanía el mega ajuste que sufrió Salud o los programas sociales que maneja Desarrollo Social.

Durante la campaña, el entonces candidato Kast anunció recortes por US$ 6 mil millones, pero nunca quiso decir dónde pensaba hacerlos. Prometió que no tocaría programas sociales y que sacaría la grasa del aparato público. Lo que estamos viendo parece ser otra cosa. Además, el ahorro ni siquiera va a servir para cubrir lo que llegó a llamar la quiebra del Estado, sino que se destinará a tapar los menores ingresos que generará su propio proyecto de ley.

Santiago, mayo 15 2026