Thierry Meyssan

El 14 de octubre de 2019, el presidente Evo Morales anunciaba, en entrevista concedida a la ‎televisora GigaVisión, que tenía en su poder grabaciones que demostraban que personalidades de ‎la extrema derecha y ex militares estaban preparando un golpe de Estado en previsión de que ‎él volviera a ganar la elección presidencial [1].‎

Pero lo que sucedió no fue un golpe de Estado militar sino el derrocamiento del presidente ‎constitucional. Nada permite pensar que el nuevo régimen sea capaz de estabilizar el país. ‎Estamos viendo el inicio de un periodo de caos. ‎

Los motines iniciados el 21 de octubre, y que llevaron al presidente y al vicepresidente de la ‎República, a la presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados y al vicepresidente ‎del Senado a dimitir uno tras otro, no cesaron con la entronización de Jeanine Áñez, la segunda ‎vicepresidente del Senado, el 12 de noviembre. El partido político de la señora Áñez, el ‎Movimiento Demócrata Social, sólo cuenta con 4 diputados y senadores de un total de 130. Y ‎su decisión de instaurar un nuevo gobierno sin representantes de los pueblos originarios (pueblos ‎que los occidentales llamarían “indígenas”) llevó a los miembros de esos grupos étnicos a lanzarse ‎a las calles, en lugar de los grupos de matones que habían sacado del poder al gobierno del ‎presidente Evo Morales. ‎

Mientras la violencia interétnica se propaga por todo el país, la prensa boliviana publica relatos ‎sobre las humillaciones públicas, las violaciones y el diario conteo de manifestantes muertos ‎a manos de la policía y el ejército. ‎

Si bien es evidente que el ejército está respaldando a la nueva “presidenta” Áñez, nadie sabe ‎exactamente quién sacó del poder al presidente Evo Morales y se estima que pudo ser tanto una ‎facción local como una transnacional o ambas. La reciente anulación de un megacontrato para la ‎explotación del litio boliviano puede significar que algún competidor invirtió en el derrocamiento ‎del presidente Evo Morales. ‎

Lo único seguro es que Estados Unidos se alegra del giro que han tomado los acontecimientos, ‎pero es posible que Washington no haya intervenido para provocarlos, aunque ciudadanos y ‎funcionarios estadounidenses están probablemente implicados, como indicó el director del SVR ‎‎ [2] ‎ruso, Serguei Narichkin.‎

La publicación de una conversación entre la nueva ministra colombiana de Exteriores, Claudia ‎Blum, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos –conversación grabada ‎en un café de Washington– no deja lugar a dudas [3]: el secretario de Estado ‎estadounidense, Mike Pompeo, se opone actualmente a toda intervención en Latinoamérica; ‎abandona al individuo que se autoproclamó presidente de Venezuela, Juan Guaidó, lo cual ‎inquieta al antivenezolano gobierno de Colombia, y rechaza todo contacto con los numerosos ‎aprendices golpistas latinoamericanos. ‎

Esto nos muestra que la nominación de Elliot Abrams como representante especial de ‎Estados Unidos en Latinoamérica no sólo fue una concesión a cambio del cierre de la ‎investigación del fiscal Robert Mueller sobre la supuesta «trama rusa» [4] sino también una astucia para acabar con la influencia de los neoconservadores en la ‎administración estadounidense. El “diplomático” Abrams se portó tan mal y cometió tantos ‎errores que destruyó en unos meses toda esperanza de intervención imperialista estadounidense ‎en Latinoamérica. ‎

En todo caso, el Departamento de Estado es actualmente una zona de desastre: los altos ‎diplomáticos desfilan uno tras otro por el Capitolio para prestar testimonio contra el presidente ‎Donald Trump ante la comisión de la Cámara de Representantes encargada de destituirlo. ‎

Pero, si la administración Trump no está orquestando lo que sucede en Latinoamérica, ¿quién ‎está haciéndolo? Todo indica que aún no han desaparecido las redes que la CIA instauró en ese ‎continente en los años 1950-1970. Cuarenta años después, esas redes siguen existiendo en ‎numerosos países latinoamericanos y logran actuar por sí mismas con un mínimo de respaldo ‎externo. ‎

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