El déficit de los recursos disponibles a nivel de los presupuestos públicos  obliga a recurrir a recursos extraordinarios como la deuda pública administrada por el Banco Central; la estatización de las empresas quebradas; la vigencia de un plan capaz de relanzar la actividad económica, de amortiguar las necesidades sociales y crear empleo y en fin, la práctica de un mercado virtual o presencial capaz de reproducir transacciones de insumos, productos finales en tiempos y a precios negociados, en las llamadas “mesas de mercado” (Véase “Frente al fracaso del gobierno otros hombres y mujeres deben tomar el relevo”. Por Héctor Vega en: https://hectorvegatapia.com). Estas diversas acciones constituirán la práctica común en el curso de los meses en que se desarrollará la pandemia.

En Chile el gobierno ha planteado un plan equivalente a 4,7% del PIB, por un monto de 11750 millones de dólares, para sortear la parálisis de la economía, a la que se agrega el colapso de los servicios de salud, la paralización de la educación en todos sus niveles y un desempleo galopante que se avizora en el horizonte de los próximos meses. Plan a todas luces insuficiente si se plantea el carácter global de la crisis y la magnitud en términos de capitales comprometidos y trabajadores cesantes.

Un balance de puntos críticos señala que 7 de cada 10 empresarios deberá recurrir a la desvinculación, lo cual afectará a un contingente de 4 millones 700 mil trabajadores afiliados al seguro de cesantía. Situación que se enfrentará con aportes de los trabajadores, empresarios y Estado a fondo común y solidario y que desde ya parece absolutamente insuficiente para una crisis cuyos efectos, en un escenario optimista, se proyecta de aquí a fines de 2020. Un salario mínimo garantizado de 320 mil 500 pesos (bruto), líquido de 256 mil 400 pesos a un total de 600 mil 700 trabajadores no parece resolver un presupuesto de hogares en tiempos de crisis. Ambas situaciones sobrepasan ampliamente los fondos que el Estado y el sector privado disponen a medida que la paralización de la economía se prolonga como resultado de la extensión de la cuarentena.

Se han mencionado medidas que el gobierno podría poner en práctica en un mediano y largo plazo. Una de ellas se refiere al alza del llamado royalty minero que en definitiva es un impuesto específico y cuya tasa neta no pasa de un 1,5% de las ganancias operativas. Se menciona la eliminación de las exenciones tributarias (Gasto tributario), que se estima en alrededor de 10 mil millones de dólares en sector u objetivo beneficiado como, ahorro-inversión; educación; salud; inmobiliario; transporte; seguros, etcétera.

En el corto plazo se menciona, en sectores no gubernamentales, la modificación de un sistema regresivo de impuestos que toca esencialmente al Impuesto al Valor Agregado, IVA. La preferencia de los gobiernos por este impuesto indirecto denota uno de los problemas graves de nuestra sociedad a saber, la desigualdad. En su lógica recaudadora el Estado entiende que su efecto sobre el consumo, es menor que el de los impuestos directos pues –sigue el argumento del Fisco– el consumidor reducirá más su consumo cuando le reducen parte de su renta que, cuando le suben el precio de los bienes que quiere consumir. Esto cuadra perfectamente con el interés de los ingresos altos, que perciben altas rentas y, cuyo nivel de consumo no se verá alterado por un alza en el IVA que golpea fundamentalmente el bolsillo de los trabajadores de bajos ingresos. Nótese que los impuestos indirectos representan 59% del total de los ingresos netos del Fisco por impuestos, siendo el IVA, 48,8%, el más “rentable” de todos. El resto recauda cifras menores a saber, impuestos a productos específicos, 7,7%; impuestos a los actos Jurídicos 1,6%; impuestos al comercio exterior 0,9%. La contrapartida son los impuestos a la renta que representan el 41%. Lo aquí comentado no es particular a Chile, se trata de una preferencia global de los gobiernos. Por ejemplo, la recaudación fiscal europea muestra una composición cada vez más sujeta a impuestos indirectos. Es más, en los últimos años el alza del impuesto sobre el Valor Agregado, 20%, es mayor que la media de los impuestos pagados por las sociedades.

Las grandes empresas afectadas, muchas de ellas transnacionales vinculadas a la actividad minera, siempre tuvieron recursos propios o capacidad de endeudamiento, local o internacional para levantarse.

Nada de lo hasta aquí comentado será suficiente en los próximos días. La cuarentena en 7 comunas de la Región Metropolitana y otras ciudades del territorio paraliza la actividad productiva y con ello impacta a un desempleo que en los próximos meses alcanzará a un millón 500 mil trabajadores, golpeando especialmente a las pequeñas y micro empresas (875 mil unidades productivas) y el sector no formal de la economía.

Un Estado neutralizado

El sistema actual relega al Estado a una función subsidiaria del sector privado, oficialmente consagrada en la Constitución de la República (Art. 19 n° 21). Peor aún, en la parálisis de gran parte del aparato del Estado, difícilmente el Estado podrá cumplir su papel de recaudador de impuestos en el año tributario 2020. Principal dificultad será la provisión de antecedentes para la declaración de impuestos de las empresas y sociedades, debido a las limitaciones del teletrabajo durante la crisis, a que se ha visto sometido el Servicio de Impuestos Internos. Sin la herramienta recaudadora, a duras penas el Ministerio de Hacienda podrá cumplir las obligaciones contenidas en el Presupuesto Público y los programas asistenciales mencionados.

Santiago abril 5, 2020