La descarbonización de la matriz productiva, como propósito central de los líderes mundiales, aparece suscrita en las Conferencias de Partes (COP). Sin embargo, a medida que se acercan los plazos para las metas definidas en la COP21 (París 2015) la realidad se encarga de demostrar que estamos lejos de alcanzarlas.

Las enormes necesidades de la Humanidad acumuladas en estos dos últimos siglos de revolución industrial se resumen por una parte, en las características del mercado laboral y el envejecimiento de la población y por otra, la infraestructura productiva que debe enfrentarse a los desafíos que plantea el cambio climático.

Población y clima, constituyen los procesos de cambio que se imponen y que se encuentran a la base de la economía social-solidaria; economía esencialmente inclusiva donde se legitima lo social a través de la valorización social del trabajo.

La sede oficial de la COP25 en Santiago se trasladó a Madrid pues el estallido social de octubre 18, 2019, frustró las condiciones mínimas de seguridad para su realización. Meses anteriores a esta cumbre existía gran pesimismo sobre sus resultados. Se llegaba a Madrid lejos de los resultados que se habían fijado en la COP21 de París (2015), para arribar así el año 2050 con un 50% menos de emisión de gases de efecto invernadero. La presidencia de la cumbre la mantuvo Chile que con un clima de gestión particularmente ambigua, no hizo sino observar un escenario en el que países contaminantes como Brasil, China, India, EE.UU. y Australia impusieron sus intereses, paralizando todo avance real en las resoluciones.

Nótese sobre todo la ausencia en el texto final de planes por cada uno de los países involucrados en la cima, para reducir sus emisiones en el curso de 2020. Costa Rica lideró en las sesiones finales a un grupo de 30 países en un esfuerzo para preservar los Principios de San José que establecen un llamado mercado de carbono cuya práctica en el pasado ha sido reconocida como el “derecho a contaminar”. El mecanismo permite al contaminador restringir sus emisiones al límite impuesto, comprando “emisiones” a un tercero no contaminante, con lo cual este último puede realizar su proyecto de plantaciones forestales, rellenos sanitarios o energías renovables, con una mejor tasa interna de retorno. Es la operación que se denomina “cap. and trade”. En un esfuerzo por mejorar las reglas que rigen al mercado se buscó evitar en el procedimiento las lagunas y la práctica de contar dos veces los créditos de carbono.

Alden Mayer, líder de la Unión de Científicos Preocupados opinaba que nunca había visto una desconexión casi total en la COP 25 de Madrid, entre lo que “la ciencia requiere y lo que las negociaciones sobre el clima están produciendo en términos de acción significativa”. En la COP24 en Polonia (Katowice) los científicos del Panel Intergubernamental por el Cambio Climático (IPCC), preveían que al ritmo actual de las emisiones nacionales a finales de siglo el alza en la temperatura alcanzaría entre 3 y 4 °C. En esa instancia Ségolène Royal, ministra de Medio Ambiente de Francia en el curso de la COP22, (Marrakech, 2016) planteó que a nivel mundial se calcula que “la degradación del medio ambiente provocará cerca de 200 millones de refugiados climáticos en 2050”.

En el Tercer Informe del IPCC en 2001, se evaluaba con un 66% de certeza, que el cambio climático era causado por el hombre. Se advertía que el dióxido de carbono, principalmente obra de la actividad productiva del hombre, no es el gas más abundante ni el que retiene más calor, sin embargo es el que permanece durante siglos en la atmósfera y que aumenta sistemáticamente por causa antrópica desde la era industrial (1750). Conviene además señalar que estamos cerca de duplicar la cantidad de dióxido emitido desde esa época. La hipótesis que se estudia en ese sentido tiene dos aspectos, uno se refiere a la influencia de un ciclo natural en el calentamiento del océano, llamada Oscilación Decadal del Pacífico (ODP) y, otro en que el océano estaría absorbiendo el calor, encontrándose en la fase fría de un ciclo que dura hasta 30 años. Cuando la ODP cambie a su fase cálida el curso se revertirá y la temperatura global subirá aceleradamente.

Estas advertencias llevan a plantear restricciones en el uso y planificación de energías fósiles, lo que constituiría un límite aceptable en la administración del Bien Público clima en el Antropoceno. Límites que traducidos a la explotación de los recursos llevaría a no explotar un tercio de las reservas de petróleo; la mitad de las de gas y no más del 80% del carbón.

Las conclusiones planteadas en la COP25 no validaron las metas prácticas destinadas a limitar las emisiones a saber, transición a las energías renovables; financiación para la acción climática y los impuestos al carbono; reducción de las emisiones de la industria; búsqueda de soluciones en la naturaleza misma; activación de medidas locales en la creación de ciudades sostenibles; resiliencia de las partes frente al cambio climático.

Esto revela que no estamos dispuestos a asumir un sistema de consumo y producción sustentable bajo en gases de efecto invernadero emitidos por el hombre: dióxido de carbono (CO2), metano (CH2), cloroflurocarbonos (CFC), óxido nitroso (NO2) –, siendo el dióxido de carbono el de mayor incidencia en el calentamiento global. El hecho de no asumir estos costos involucra refugiarse en la explicación de una falla irremediable de mercado, sin actores sociales responsables y lo que es peor, ignorar los costos que implica la actividad productiva en términos de Bienes Públicos vulnerados por la actividad productiva a saber: educación, salud, vivienda, pensiones, entre otros –bienes de los que en gran medida depende la reproducción del trabajo.

El combate contra los daños causados por el cambio climático ha sido esencialmente liderado por la sociedad civil, científicos, organizaciones privadas y no gubernamentales, de jóvenes, mujeres, pueblos indígenas. Contrariamente a los países industrializados del mundo, grandes emisores, 70 países en su  mayoría países en desarrollo, vulnerables al cambio climático (África, sudeste Asiático, Latinoamérica) se sumaron a los compromisos adquiridos en la COP21 (París 2015).

Los gobiernos y países industrializados –especialmente G20– así como de las transnacionales de la energía (petróleo, gas, carbón) velan por sus intereses de mercado. Es más, muchos de los delegados de los países emisores tenían relación directa con las compañías petroleras. Dichos países ignoran el colapso de los ecosistemas, hambrunas, escasez de agua, daños en la infraestructura socio económica y de las ciudades costeras que desaparecerán como efectos del calentamiento global, estallidos sociales por la degradación de las condiciones de vida y las grandes diferencias sociales. Por ello tiene sentido y expresión real, cuando la sociedad civil en ausencia de los gobiernos, invoca el movimiento de la justicia climática como un principio de avance y transformación del mundo.

El retiro de las COP en 2020 de EEUU, Rusia, Kuwait y Arabia Saudita fortalece el lobby de las transnacionales productoras y comercializadoras de combustibles fósiles. Más que un papel de información y advertencia del panel científico (IPCC) las partes oficiales concurrentes a la cumbre deberían adaptar un horizonte de transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una ‘civilización biocéntrica’. Eso involucra compromisos políticos por un cambio de sistema social, político y económico. Un primer paso es hacer realidad los compromisos adquiridos en el pacto de París a saber, los aportes de fondos desde los países desarrollados a los países más vulnerables, conjuntamente con la acción mancomunada de expertos con los gobiernos.

CONCLUSIÓN.

La pandemia causante de la crisis y caos económico en el mundo demuestra la fragilidad del sistema económico sobre el cual se basa nuestra civilización. De continuar en esa línea llegaremos muy pronto a un punto sin retorno. De manera evidente estamos frente a una cuestión política y económica de carácter estructural donde se baten dos concepciones radicalmente opuestas. Una cree firmemente en la concepción decimonónica de un crecimiento infinito guiado por el mercado y la otra, entiende la economía como una propuesta esencialmente inclusiva. La búsqueda de la primera se realiza en el mercado de una civilización antropocéntrica. La otra, legitima lo social a través de la valorización social del trabajo base de una civilización biocéntrica. De esa manera están claros los objetivos y sus consecuencias. En la primera opción la hoja de ruta está fijada por costos validados por el mercado. En la segunda, los costos se validan en procesos políticos y sociales que reconocen los derechos de la Naturaleza, la redefinición del buen vivir y lo que entendemos por prosperidad. Eso implica eliminar las externalidades negativas que acarrea el viejo sistema, significa un nuevo crecimiento, es decir un nuevo sistema de producción y de consumo sostenible y según los parámetros que se manejan en la variable clima, bajo en gases de efecto invernadero emitidos por el hombre. En definitiva, es la antítesis del crecimiento económico infinito a todo precio. En el presente, la Humanidad no tiene otra opción que echar las bases de una economía social solidaria es decir, capaz de asumir la gestión de los Bienes Públicos entre los cuales se encuentra el clima.

Santiago, abril 10, 2020