CONTRIBUCIÓN A LA DISCUSIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN NUEVA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD (FNES). Héctor Vega

Introducción

Pensamos que las Comunas constituyentes auto convocadas, en lo que llamamos el Plan B, inaugurarán en el futuro un proceso por una nueva Constitución que resumirá muchas de las luchas de los últimos 50 años.

Digo, 50 años, pues pienso en la Unidad Popular cuyo programa fundamental se sintetizaba en la Nacionalización del Cobre, la Reforma Agraria y el Área de Propiedad Social. Grandes transformaciones en la institucionalidad republicana vigente eran necesarias para que estos se realizaran. Eso no se dio en los mil días de la Unidad Popular. Solo un golpe cruento pudo terminar con la ilusión y compromiso de un Pueblo.

En 17 años la dictadura impuso una cultura donde las virtudes del mercado se impusieron como regla absoluta de la cosa pública. Esto creó grandes desigualdades que llegaron a imponer un nada envidiable récord de encontrarnos entre los 10 países más desiguales del mundo.

En 30 años, la Concertación y Alianza, al alero del régimen de elecciones binominal y, la herencia del sistema de mercado impuesto por la dictadura, administraron el sistema de Bienes Públicos –educación, salud, vivienda, pensiones, administración de recursos naturales…– según prioridades e instituciones de mercado, consagrando en democracia un sistema cuya continuidad podía mantenerse mediante por una parte, bonos de solidaridad, negociaciones salariales anuales, bajas pensiones, salud y educación pública insuficientes, regímenes laborales insuficientes…y, por otra, desde el lado corporativo, impuesto a la renta integrado al impuesto personal, consagrando de esta manera un sistema en que las empresas no pagan impuestos, exenciones tributarias, mercados monopólicos, explotación de recursos naturales en manos de transnacionales…

En ese proceso creo que debe haber 5 principios fundamentales que presidan la nueva Constitución. Transformaciones que deben reactivar los principios de solidaridad y resciliencia para así iniciar una nueva cultura social solidaria capaz de retomar el sentido de lo colectivo bajo bases de justicia social y de soberanía sobre los recursos naturales; un sistema donde la democracia directa y popular pueda ser ejercida junto al poder representativo de una asamblea legislativa; que el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial garantice la democracia y rápidas sanciones contra la corrupción y el fraude; que las instituciones financieras públicas y privadas se correspondan con las necesidades de la población y en fin que los Pueblos habitantes del territorio nacional se reconozcan en una realidad plurinacional e intercultural, donde los valores de la historia sean reconocidos en las instituciones del futuro.

A continuación los Principios constitucionales básicos que pienso, consagran las transformaciones que aquí se expresan.

Principios constitucionales básicos

1      Chile se reconoce como un Estado Plurinacional, intercultural, descentralizado en cuyo territorio nacional vive un conjunto de Pueblos. Se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran, solidaridad entre todas ellas, pluralismo económico, jurídico, lingüístico como garantía del reconocimiento y promoción de sus culturas y su aporte a la diversidad de la Nación. Sin la consagración de un estatus autonómico institucional y territorial la autonomía de las nacionales es simple letra muerta.

2      Bienes Públicos. La Constitución consagra un área social, es los que denominamos el Área de los Bienes Públicos. Centrar el área pública capaz de regular la Educación, la Salud, la Vivienda, las pensiones, el acceso al agua, la propiedad de los recursos naturales expresa la prioridad de la Nación sobre derechos naturales y soberanos. Sin que ello sea en desmedro de la provisión, desarrollo y garantía de los bienes públicos y bajo precios de mercado por un área privada y mixta. En los Bienes Públicos se entiende el funcionamiento del área privada o mixta en subsidio del Estado para y cuando exista un déficit de recursos públicos.

3      El gobierno es democrático y semi representativo. La ciudadanía participa de manera directa al proceso de formación de leyes y de fiscalización del mandato público mediante: el Plebiscito, la Iniciativa Popular de Leyes y el Referéndum Revocatorio para así someter al Pueblo mediante una consulta pública la continuidad de autoridades que no han respetado el programa que juraron cumplir.

4      Un nuevo Ejecutivo donde las facultades de la Asamblea Legislativa sean respetadas. Actualmente el presidente de la república ostenta un conjunto de facultades legislativas que convierten al Congreso en un mero poder co-legislador. Con las atribuciones actuales el presidente de la república es un soberano virtual que tiene la iniciativa de leyes, administra las urgencias, participa en la discusión de las leyes, puede vetarlas, las promulga y procede a la publicación en el Diario Oficial. A ello se agrega la administración y política del Estado. Pensamos que en la parte legislativa algunas de las intervenciones enumeradas deben residir en el Congreso, otras, vincularlas al poder ejecutivo de un Primer Ministro con responsabilidad política frente a la Asamblea Legislativa por sus actuaciones. El presidente de la República concentrará el poder sobre las relaciones exteriores del Estado.

5      El rol del Estado y la propiedad tanto pública como privada. Este rol no puede ser minimizado. Debe ser capaz de dictar las leyes que regulen las áreas de la economía. Al respeto y garantía sobre la propiedad privada consagrada en la Constitución debe agregarse el respeto a la propiedad del Estado, territorio nacional, mar, lagos, glaciares… Como parte de ello debe establecerse constitucionalmente el estatuto de concesiones de la propiedad del Estado sobre los yacimientos y recursos naturales de la República. Por eso la actual Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM, 1981) dictada durante la dictadura debe, como cosa previa, ser derogada pues se establece una propiedad eminente sobre el recurso natural, otorgándole al concesionario una llamada concesión plena que despoja de toda atribución al Estado.

La redacción de una nueva Constitución es un proceso largo, que deberemos abordar y proseguir solo con la fuerza de nuestras convicciones en este camino que hoy, mediante el Plan B, iniciamos desde las Comunas del territorio.

Santiago, 19 enero 2021

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