El proceso constituyente y su itinerario es –lo sabemos- una cancha rayada por la casta política; una trenza caracterizada como “el partido del Orden”. Sin embargo, la contundente  ratificación plebiscitaria de octubre, cercana al 80%, y su rechazo a la elaboración de la nueva carta fundamental por una Convención Mixta,deja en evidencia que, siendo esto parte importante de las conquistas de un pueblo movilizado, este proceso democratizador, inédito en nuestra historia republicana, incomoda y desesperano sólo a los actuales representantes la casta política empresarial que impuso el modelo neoliberal y suconstitución protectora, sinotambién a un sectorde la actual oposición que -de manera cómplice-, al no cumplir con la promesa hecha en 1989 de revisar todas las privatizaciones de última hora, optó por consolidar dicho sistema a lo largo de treinta años,actuando como contenedor de las demandas populares generadas en la lucha antidictatorial y coadministradora de la crisis económica, social, medioambiental y cultural que instauró la dictadura civil y militar. Esta percepción negativa, gestora de una creciente desafección políticadurante los últimos veinte años,quedó en evidencia el 25 de octubre al aprobar la redacción de una nueva constitución sólo por constituyentes electos, rechazando la opción de una constituyente mixta integrada por un 50% de parlamentarios.

La incomodidad de la derecha y de parte del centro político, se manifiesta en la incertidumbre que el resultado plebiscitario genera, respecto de cómo hacer para prolongar el modelo heredado al que se acomodaron, así hoy son varios los parlamentarios que atribuyéndose un liderazgo que no tienen, renuncian a su escaños para presentarse como candidatos a dicha Convención junto a ex ministros y ex subsecretarios.Algunos llegan a presentan también como candidatos a esposas e hijos (es el caso de la familia de Patricio Walker), tal vez para allegar recursos al hogar, además de la pretenciosa intenciónde influir y controlar el debate que generará dicho espacio luego de su instalación tras su elección el próximo 11 de marzo.

Cuando al comenzar de este documento aludimos a una “cancha rayada”, lo hacemos convencidos de que ello es demostrativo de que la derecha y sus eventuales aliados de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia (PPD) y algún socialista descafeinado, no están dispuestos a ceder en nada que pueda poner en peligro sus intereses.

El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y las acotadas reformas constitucionales elaboradas por una Comisión de Especialistas, aprobadas sin gran debate al mes siguiente, como un nuevo caso de ejercicio tecnocrático, limitan seriamente la libre expresión y concreción de los intereses populares, permitiendo sólo reformas cosméticas y no los cambios estructurales necesarios para avanzar en la conquista de justicia e igualdad de derechos económico-sociales y culturales. La reforma constitucional mencionada, prohíbe someter a revisión tratados de libre comercio como el TPP11 y los bilaterales anteriores, protegiendo así la inversión de las empresas transnacionales e hipotecando nuestra soberanía. Por ello, insistimos en que las condiciones y limitaciones impuestas por la Ley 21.200, con la complicidad mayor o menor de todos los partidos políticos que no legislaron para modificarlas, son desfavorables y contrarias ala concreción del interés nacional en la medida que favorece un robustecimiento de los partidos políticos favorables a la mantención del status quo. Así,es contrastante la facilidad para inscribir candidatos a constituyentes por los partidos, comparada con las difíciles condiciones que deben cumplir los independientes para poder postularse, comenzando por los costos económicos que implica la recolección de firmas de apoyo ante notario, difíciles de recolectar sin publicidad de sus candidaturas, sin el tiempo suficiente para darse a conocer, con restricciones a la movilidad y reunión de personas debido a las cuarentenas, lo que tardíamentese subsana por el SERVEL al permitir, dos semanas antes de vencer el plazo de las inscripciones, el patrocinio de candidatos on line.

Al respecto, dejamos constancia de una situación insuficientemente cuestionada y es, que el SERVEL no ha sido riguroso en exigir una actualización transparente del Padrón Electoral de cada partido político. Así, la nómina de sus militantes está definitivamente “inflada”, al no limitarse a quienes se reficharon o reafiliaron hace tres años sin otro mérito que una firma a la pasada, sino por mantener en dichas nóminas a muchísimos militantes que abandonaron sus filas desde hace treinta, veinte o  diez años, por no acudir personalmente a las oficinas del SERVEL para anular esa vinculación. Así estos cautivos, inhabilitados para patrocinar a candidatos independientes, son denominados por los funcionarios de esa entidad como “militantes zombies”, pero resultan un activo muy rentable a la hora de cobrar gastos electorales tras cada campaña.

El esfuerzo histórico de dotar al país de una nueva constitución para quienes nos identificamos con posturas de izquierda no se limita a un ejercicio de reparación por desgaste de materiales, ni al rechazo específico de la actual Constitución impuesta por una dictadura violadora de los derechos humanos, la que desintegrando la legislación anterior, convirtió a muchos de esos derechos en mercancías, libradas a las fuerzas inmisericordes del libre mercado. El actual proceso constituyente necesita de una explicación menosmecánica queen términos de causa y efecto. Tampoco es una reacción tardía frente a lo “que nadie veía venir”, tras treinta años de una frustrante recuperación republicana, negociada por la ex Concertación con el pinochetismo, como pretende explicarse de manera reduccionista con el slogan “no son treinta pesos, son treinta años”. La lucha constante, es decir histórica de la IZQUIERDA junto al movimiento popular y sus renovadas organizaciones sociales en favor de una educación pública de calidad, de una salud y una previsión que dejen de ser un negocio lucrativo al servicio de grandes empresas, por la defensa del medioambiente, por una industrialización y desarrollo tecnológico que agregue valor a nuestras materias elaboradas, después del desmantelamiento de la industria nacional perpetrado por el neoliberalismo sin ningún esfuerzo de restauración, la lucha por un trato respetuoso que incluya un reconocimiento como nación y devolución de tierras a nuestros pueblos originarios, la lucha por la recuperación de nuestros recursos naturales como el agua, el litio y el cobre para transformarlos y darles un beneficio social, no es la suma de problemas recientes sino parte de la lucha de un siglo de duración y que, en 1970, se encarnó finalmente en el triunfo de Salvador Allende para poner en marcha el programa transformador de la Unidad Popular.

Así, la nacionalización del cobre, que dio origenen 1971 a CODELCO, la empresa que más tributa en Chile, fue el cumplimiento de un antiguo anhelo de las fuerzas de izquierda que tras un debate de cuarenta años, el Presidente Allende calificó como “nuestra segunda independencia, la independencia económica” es decir, la posibilidad de gobernar un Estado verdaderamente democrático, justo y soberano; en suma, dueño de su destino. Por ello, la lucha política de una izquierda verdadera no se limita al reemplazo de una Constitución espuria como la de 1980, para la necesaria recuperación de aquellas conquistas sociales obtenidas a lo largo de cuarenta años y que ésta desmanteló, sino la continuación de un proceso de transformaciones que,de manera creciente,tuvo como protagonista al pueblo de Chile, retomado por la Democracia Cristiana en 1964 y que la Unidad Popular profundizó, asumiendo conscientemente ya en aquel momento, la necesidad de dotar al país de una nueva Constitución y de agilizar la aprobación de las leyes mediante una Cámara única.

La necesidad de dotar al país de científicos y técnicos especializados para asumir los desafíos productivos que demandaba el Área Social de la Economía, hizo que el gobierno popular -que comenzó a trabajar en los dos meses previos a su asunción en La Casa del Maestro, “la Moneda chica”-, tomara los acuerdos del Congreso Nacional de Educación, a que llegara, tras un debate democrático de nivel nacional, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTE, siendo ésta, la única vez en nuestra historia en que una reforma educacional surge como propuesta desde los que hacen y necesitan la educación: los profesores, los trabajadores administrativos, los co docentes y los apoderados. Estas propuestas que animaron la idea de fortalecer un Sistema Nacional de Educación, tenían como horizonte educativo principal, detectar las capacidades y vocación de los educandos para potenciarlas, unificando los esfuerzos pedagógicos y recursos orientadores de la Educación Pública desde el nivel básico al técnico profesional y universitario. Ello explica el encono que este proyecto de Escuela Nacional Unificada ENU, provocó de parte de los defensores de la educación particular pagada, los mismos que hasta el día de hoy en nombre de la “libertad de enseñanza” (en realidad libertad empresarial), defienden ese lucrativo negocio, origen de todas las desigualdades.

No ha sido la derecha ni sus aliados ocasionales del centro político los que han levantado la bandera de la educación como un derecho y por tanto su gratuidad; han sido los sectores contrarios al modelo neoliberal, los profesores desprotegidos, los estudiantes frustrados o endeudados mediante el CAE los que han bregado por esta recuperación, de modo que la discusión que generará la nueva Constitución esel escenario más propicio para el debate ideológico y noun espacio despreciado en actitudes y discursos ecuménicos morigerantes, en el que puedan dejarse de lado conceptos como izquierda y derecha, como repiten de manera reiterada quienes desde una situación de privilegio intentan confundir a los incautos.

Si sólo la verdad puede hacernos libres, es deber nuestro desenmascarar a aquellos oportunistas que, autodefinidos como representantes de la centro izquierda (Felipe Harboe, Carlos Montes, José Miguel Insulza, Fuat Chaín, Mariana Aylwin, los hermanos Walker entre otros), intentan desde fuera o desde su interior, conducir el debate frustrante que termine convirtiendo la Convención Constitucional en una nueva estafa, intentando estigmatizar a quienes –a diferencia de ellos- somos abiertamente contrarios al neoliberalismo como “ultraizquierdistas”.Con no poco orgullo podemos decir que hemos contribuido a abrir, con gran dificultad y costo personal, las grandes alamedas para que el pueblo chileno retome el camino hacia su bienestar y no nos dejaremos desorientar de nuestra ruta. Tenemos un pasado histórico que nos sustenta y al que no podemos renunciar.

Todo aquello que tras hacerse consciente se intentó profundizar y transformar a partir del gobierno popular fue, como sabemos, cercenado de manera cruel por la derecha golpista con el apoyo del sector “freísta” de la democracia cristiana, por ello nuestra crítica puede circunscribirse a los últimos treinta años de cohabitación con la derecha neoliberal, sino a un proceso histórico trunco que, como programa, cumple cincuenta años.

Denunciamos como elusiva y cínica la argumentación de que la redacción de una nueva constitución política, entendida como la “casa común para todos” no puede transformarse en objeto de un debate ideológico como si fuera equivalente a una elección municipal, parlamentaria o presidencial. Una constitución política es una salida política a una crisis política de proporciones, por tanto argumentos como ese, esgrimido por hombres cultos como el senador Carlos Montes, constituyen una ofensa a la inteligencia de los chilenos y  un desconocimiento básico de nuestra historia, dado que todas las constituciones que nos rigieron, fueron impuestas por la fuerza militar del bando vencedor tras guerras civiles o golpes de Estado. Lo que hizoposible iniciar el debate acerca de una nueva constitución para Chilefue el estallido social, ante el hecho de que el gobierno de Piñera y el sistema político estaban por el suelo, a lo que- a modo de chantaje para la emergencia – se hizo circular la argumentación chantajista de un eventual golpe de Estado, que logró -sin gran cuestionamiento- las firmas de los representantes políticos convocados.

Por todo lo anterior, los debates que surjan del proceso constitucional en marcha deben enriquecerse con aquellas propuestas democráticas que recojan el sentir de los sectores movilizados, de las propuestas de cabildos barriales, de los frentes sindicales, federaciones estudiantiles, colegios profesionales, pueblos originarios, deudores habitacionales, movimientos por la recuperación del agua por el Estado, por una nueva Ley de pesca, por una renacionalización del cobre y del litio, de los defensores del medioambiente y fin de las zonas de sacrificio, por el reconocimiento pleno a los pueblos originarios, No +AFP y Fondo Común de Reparto Solidario, por el fortalecimiento de la Salud y de la Educación Pública y en contra de la mantención de un irresponsable de un Estado Subsidiario que, en favor del 1% de la población más rica, que controla los mercados mediante colusiones y disfruta de exenciones y multimillonarios perdonazos tributarios, nos ha colocado en el vergonzante grupo de los 10 países más desiguales del planeta.

El escenario es complejo, por la difusión masiva de los perversos discursos señalados como parte de la recurrente “campaña del terror” de la derecha y sus aliados yporque en cuarenta y ocho años de experimento neoliberal, la inseguridad,la desconfianza, el hedonismo inmoral o la avaricia han corroído, como una persistente pandemia, la idiosincrasia, la manera de ser de muchos chilenos con el “sálvate si puedes”, “ahora o nunca”, “si no aprovecho yo igual va a robar otro”, lo que ha incubado en la población una percepción mayoritaria, de que no hay reserva moral porque la corrupción ha alcanzado a todas las instituciones.Estamos así expuestos a la constante manipulación de los hechos y a una programación de la mentira,posibles por la concentración económica y de los medios informativos dado que dos consorcios periodísticos controlan el 97% de la prensa nacional “El Mercurio” y “COPESA”(la 3a), incluidos los diarios de provincia que son también de su propiedad. Para qué decir la televisión abierta cuyos canales, otrora fundados y dependientes de las universidades, hoy son propiedad de los poderosos magnates que multiplicaron sus fortunas con las privatizaciones tras el golpe militar.

Este ambiente insano, como sostiene el historiador Sergio Grez, ha infectado a la política de un hedonismo egolátrico que se expresa en empoderamientos locales como los municipios, con “intereses de capilla” que dificultan “la articulación con movimientos y sectores” de “los que deberían ser aliados”, de lo que deviene el espectáculo de una peligrosa proliferación de candidaturas: unas bien inspiradas, otras de “rostros” en busca de figuración y muchas sin otro libreto que no sea obstaculizar los acuerdos. Las candidaturas suman en total siete listas; una de derechay seis de variopinta oposición. En este panorama, el Distrito 10 resulta el más representativo de esta feria de las vanidades, en él aparecen postulando inicialmente 180 personas que, más allá de lo que individualmente piensen,  en su mayoría carecen de una trayectoria social reivindicativa o de la categoría de “intelectuales orgánicos”, gestores de un pensamiento crítico consistente, vinculado a una propuesta de transformación histórica.

Nuestra conclusión al respecto es: debemos revisar el currículo de cada postulante a fin de fortalecer liderazgos, votando por dirigentes sociales independientes, que hayan levantado opinión respecto de problemas más sensibles a la ciudadanía.

*  José Miguel Neira Cisternas, es miembro de la Fundación Nueva Educación y Sociedad.