EL PUEBLO MAPUCHE Y EL ESTADO CHILENO. Héctor Vega

Este es un relato inédito de marzo de 1999

El movimiento mapuche de reivindicación de tierras es parte de un proceso secular que se confunde, en sus etapas más recientes, con las luchas sociales del siglo XX y la formación misma de la nacionalidad chilena.

En pie de guerra durante casi tres siglos y medio, a la sociedad mapuche, preagraria y premercantil del siglo XVI, donde la forma más compleja de organización es la familia, suceden en el siglo XIX comunidades importantes con autoridades permanentes y aún hereditarias (cacicazgo) -organización estatal incipiente y que nace como un imperativo de la guerra de Arauco. También es la época de la integración progresiva del pueblo mapuche al Estado chileno en formación, proceso muy anterior a la paz oficial de las últimas dos décadas del siglo XIX. Concluida la guerra, la radicación de la población mapuche en tierras cuyos títulos son las mercedes, conduce a toda clase de exacciones por parte de los colonizadores chilenos y europeos que en colusión con las autoridades locales intervienen en el proceso de concesión de tierras. A ello sigue el despojo de las tierras atribuidas mediante el engaño, la usurpación y la violencia.

Los diarios de la época relatan los procesos judiciales por marcaciones a fuego, mutilaciones, asesinatos e incendios… en fin, amedrentamientos y acosos sobre tierras mapuches circundadas por los nuevos propietarios y donde la comunicación entre las comunidades generaba – antes de la construcción de caminos de acceso – disputas, violencia y mayor humillación para pueblos que siempre circularon libremente en esos territorios.

En las reservas así constituidas, el pueblo mapuche se repliega y se convierte en agricultor, se campesiniza. A la dinámica de un pueblo tensado por la confrontación guerrera sucede la realidad de comunidades aisladas, en donde el cacicazgo fenece en cuanto autoridad política y social, reduciéndose a su prestigio moral de jefe de familia. La radicación del pueblo mapuche implica simultáneamente un acto de interrogación y de autoconvencimiento. Esto es, abertura o predisposición a adaptarse a algo que se supone superior: la cultura del invasor. Gambito fatal en que la cesión de tierras y de hijos de caciques, entregados en garantía de las buenas intenciones de sus padres -Cornelio Saavedra y Gregorio Urrutia recibieron muchos de ellos- no correspondió a las expectativas que se fijó la comunidad mapuche.

Más que una ley de protección a la integridad de las comunidades, la ley del 20 de Enero de 1883 – que ampliaba las disposiciones del artículo 6º de la ley del 4 de Agosto de 1874, que prohibía a los indígenas la enajenación de sus terrenos, a la prohibición de hipotecar, arrendar o constituir en anticresis – ponía en evidencia las implicaciones del acto de enajenación de propiedades que por su exigüidad condenaban al campesinado mapuche a la auto subsistencia. La apuesta era conservar la tierra o perecer. Sin excedentes comercializables la reducción mapuche recrea fatalmente un círculo de pobreza pero es también un principio de  defensa elemental en donde las comunidades así acorraladas, defienden la tradición familiar, su religión y su cultura.

Es en la conciencia de un pueblo a la defensiva que se fortalecen las prácticas tradicionales de la sucesión en donde se preserva la integridad de la reducción pues la tierra permanece en el seno de una misma familia. Proceso de involución social y cultural que da estabilidad social a las comunidades mapuches. Por eso, de las reducciones mapuches surge la resistencia al huinca, lucha que resume la historia del pueblo mapuche del siglo XX. Resistencia por tierras, por educación, por salud, en fin por bienestar social según se le entiende en la ciudad del invasor.

La conciencia de la situación del pueblo mapuche es voceada a comienzos del siglo XX por algunos partidos políticos (Democrático entre otros) y la FOCH. Discurso que en las postrimerías del siglo XX se traduce en el reclamo por la identidad histórica y cultural del pueblo mapuche y que en sus alcances políticos más inmediatos aparece ligado al destino de las clases más empobrecidas y explotadas de la sociedad chilena.

La reivindicación territorial forma parte de un discurso religioso-cultural. Sin embargo, la relación del campesinado pobre mapuche con los movimientos populares chilenos y el discurso político de estos últimos por cambios profundos en la sociedad chilena, liga la resistencia del pueblo mapuche al destino de las reivindicaciones populares de las clases más pobres del pueblo chileno (artesanos, pequeños comerciantes, dueñas de casa, trabajadores agrícolas, pequeños propietarios, cesantes, emigrados, exiliados). Bloque social heterogéneo, que en sus características esenciales aparece más cercano a un contrapoder social que a una fuerza social políticamente organizada. Cuestión que durante la Unidad Popular se resuelve en entrega de tierras que llegan a sumar 500 mil hectáreas. Tierras que al término de la dictadura suman 300 mil hectáreas.

Diecisiete años de dictadura y tres décadas de neoliberalismo en transición democrática han anestesiado la sociedad chilena a los problemas de poder que implica la formación misma del Estado de Chile: hoy el interés se vuelca al logro y la eficiencia económica. Por eso, algunos hablan de entregar tierras, otros se inclinan por la capacitación del campesinado mapuche y en fin los ideólogos puros y duros del neoliberalismo tratan de embutir la realidad a sus principios: proponen que los mapuches se conviertan en empresarios agrícolas y forestales. Sin embargo, cualquier interrogante futura, planteada por las reivindicaciones más recientes en los casos de Ralco y forestal Mininco en Traiguén está despejada, pues la conciencia sobre los procesos de cambio supone necesariamente una política de poder que se relaciona con la organización del Estado chileno contemporáneo, que en su realidad actual ignora la existencia de los pueblos originarios (mapuche, altiplánicos, rapa-nui) con identidad histórica y territorial propias. Lo cual obliga a reconocer la existencia de chilenos mapuches, chilenos altiplánicos, chilenos rapa nui, esto es, entender la nacionalidad chilena en su diversidad histórica, cultural y económica y su realidad territorial en la cual, las comunidades, deberán acceder al autogobierno. Eso significa la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y en fin las competencias de dichas instituciones. Nada de eso pone en riesgo la existencia del Estado, por el contrario significa asumir y reafirmar por ello mandatos consagrados en la Carta Fundamental que vocean la igualdad de todos los chilenos cualquiera que sea su origen en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

A 121 años de los últimos parlamentos en territorio mapuche conviene reflexionar sobre las bases que se planteó la integración del pueblo mapuche a la nacionalidad chilena. ¿Es posible construir la nacionalidad chilena a partir de la usurpación de tierras? En los hechos, el despojo falsea cualquier propósito histórico de paz en la Araucanía y replantea imperativamente y sobre nuevas bases el proceso de integración de los pueblos originarios en la nacionalidad chilena y el Estado de Chile.

Santiago, 14 de marzo de 1999


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