Héctor Vega ha hecho un gran servicio al país: ha desnudado con números el sadismo técnico de la dupla Hacienda-Banco Central. Su metáfora de Procusto es certera: tenemos un modelo que prefiere cortar brazos productivos (desempleo del 9,4%) antes que ajustar su teoría. Su cálculo de 13.893 millones de dólares de riqueza potencial no realizada no es un garabato académico; es el monto exacto del crimen económico que (aunque mayor) se comete invariablemente contra Chile cada año.

Sin embargo, como movimiento político y social, no podemos quedarnos solo con su receta técnica (el FDIS, los bonos con aval estatal, los créditos extranjeros). Necesitamos meter la discusión donde realmente duele: en el terreno del poder. Porque el problema de Chile no es solo que la TPM esté al 4,5%; el problema es que el 1% de las grandes empresas (retail, banca y mineras) unido al Capital de los banqueros liberales globalistas del Atlántico Norte tienen secuestrado el aparato del Estado para fijar esa tasa y mantener el ejército de reserva.

Por eso, a la valiosa propuesta de Vega, le hacemos tres reparos políticos:

a) El Banco Central no es un ente técnico, es un Comité Político de la Banca.

Vega le pide al Banco Central que baje la tasa y subordine la política monetaria al pleno empleo. Pero, ¿quién controla el Banco Central? Sus consejeros son hijos del mismo establishment que se beneficia con el 4,5%. Si mañana bajan la TPM al 2%, la banca no va a prestar barato a las PyMes a los trabajadores, al Pueblo; va a prestar barato a los mismos holdings para que compren acciones y especulen en el dólar.

La exigencia política es clara: no basta con «recomendar» un cambio de rumbo. Hay que democratizar la gobernanza del Banco Central. Su mandato debe ser reformado por ley: que la inflación sea un objetivo, pero no el único; que el empleo y la inversión productiva tengan el mismo peso en su estatuto orgánico. Y sus consejeros deben ser designados con control ciudadano, no por la élite empresarial al servicio del Liberalismo anglo sionista del Atlántico Norte.

b) El Fondo de Desarrollo (FDIS) no puede ser una alcancía para las AFP y los privados.

La propuesta de Vega de crear un fondo soberano y emitir bonos con aval estatal para captar fondos de las AFP es, técnicamente, ingeniosa. Políticamente, es un caballo de Troya. ¿Por qué? Porque el Estado chileno (vía Codelco) tendría minoría, y los «socios tecnológicos privados» tendrían mayoría operativa. Además, el Estado pone el aval (la garantía soberana) para absorber el riesgo de los primeros 7 a 10 años.

Traducido al lenguaje de la calle: «socializamos las pérdidas y privatizamos las ganancias». Si el proyecto fracasa, pagamos todos (con deuda pública); si funciona, las utilidades se fugan vía remesas al extranjero o se reparten entre los accionistas de siempre.

Nuestra contrapropuesta política: Los fondos de las AFP, los ahorros de los chilenos, deben pasar a un Fondo Público de Pensiones administrado por el Estado con control de los Trabajadores de sus dueños. Ese fondo, sí, puede financiar la industrialización, pero solo con la garantía de control de los trabajadores y estatal mayoritario. Si BlackRock, Vanguard u otro fondo de inversión del anglo sionismo que hoy financian a sus mineras en Chile quieren invertir en el cobre chileno, que lo hagan desde la Bolsa de Santiago o de otro tercero, pero no con el blindaje de un aval soberano que les garantice su rentabilidad mientras nosotros asumimos el riesgo.

c) La «renta minera» no se captura con ingeniería financiera, se recupera con soberanía.

Vega habla de capturar los 21 mil millones de dólares de cuasi-renta minera (la diferencia entre el costo y el precio de venta). Suena bonito, pero se olvida de que esa renta ya está siendo capturada… ¡por las transnacionales anglo sionistas y sus paraísos fiscales! La ley de royalties que tenemos es solo un miserable parche impositivo y él lo sabe.

La respuesta política es recuperar la nacionalización con Soberanía. No hablamos de expropiar todo, pero sí de renegociar todos los contratos y concesiones mineras, la actual constitución (bando Pinochet Guzmán) en su art. 19 nro24 inc. 6 lo permite, con cláusulas de participación estatal incluso variable según el precio del cobre. Si el precio sube, el Estado chileno se queda con el 70% del excedente; si baja, asumimos el costo. Pero mientras el Estado tenga una participación minoritaria en la explotación de las minas, la «captación» será solo “vender humo”. Hay que recuperar el control efectivo de los yacimientos estratégicos para el Estado, no solo el «diferencial de embarques» y eso se hace ejerciendo una Soberanía real.

No queremos un «New Deal» con los mismos verdugos.

Vega nos ofrece una salida técnicamente brillante, pero excesivamente confiada en el «buen hacer» de un Estado capturado por los banqueros liberales anglo sionistas del Atlántico Norte. En el fondo, su propuesta es un desarrollismo con rostro humano que busca mejorar la eficiencia del sistema sin tocar sus cimientos de propiedad y poder.

Desde la política transformadora, le decimos: sí al diagnóstico, no al conformismo. Los 11.900 millones de dólares para emplear a los cesantes no deben ser un «gasto» financiado con deuda; deben ser el resultado de los ciudadanos, el Pueblo y los trabajadores recuperen el derecho a decidir qué producir y cómo distribuirlo.

Convocamos a todos los sectores del verdadero progresismo, los sindicatos y las asambleas territoriales a no delegar esta lucha en los tecnócratas. Exijamos un Plebiscito vinculante sobre la reforma del Banco Central y el control de la renta minera. Saquemos el debate del escritorio de los economistas y llevémoslo a las calles, a los comités de vivienda, a los campamentos y a las faenas mineras.

Porque el verdadero «lecho de Procusto» no es la TPM; es la estructura de poder que impide que los trabajadores seamos dueños de nuestro propio futuro. Vega nos da el martillo; nosotros decidimos si usarlo para estirar el metal o para romper la cama de una vez por todas.

Chile no cabe en el molde del 1% que controla la economía. O rompemos el molde, o el molde nos rompe a nosotros.

Santiago, 16 de agosto de 2026