Carlos Mladinic tiene razón en algo: procesar localmente no es sinónimo automático de desarrollo. Fundir y refinar cuesta, exige energía, capital y control ambiental. Nadie sensato puede negarlo. Pero su artículo comete el error inverso: convierte la defensa del mercado en un fetiche y omite las preguntas centrales. No discute quién es dueño de los recursos, cómo se valorizan los concentrados, ni quién captura la renta minera. Sin esas preguntas, su crítica al “fetiche del valor agregado” queda a mitad de camino.

Mladinic toma la palabra “fetiche” de Marx, pero no usa una sola herramienta marxista. No analiza plusvalía, explotación, relaciones de producción, clases sociales ni imperialismo. Es como dicta la moda “una metáfora política”. Y está bien usarla, siempre que no se confunda con análisis. El problema no es que cite a Marx de oído; el problema es que su marco teórico —neoclásico, de ventaja comparativa y política industrial moderna— le impide ver que la decisión de exportar concentrado no es una elección técnica neutral. Es el resultado de relaciones de propiedad, poder de mercado y regímenes fiscales.

El Congo no es Chile. Mladinic pone a la República Democrática del Congo como contraejemplo. Dice que prohibió exportar concentrados y que ya exporta casi 697 mil toneladas de cátodos y solo 54 mil de concentrado. Hasta ahí, el dato puede ser cierto. Pero la comparación es engañosa por tres razones.

Primero, la estructura de propiedad no es la misma. En el Congo, el Estado tiene una participación regulatoria y accionaria relevante, aunque las minas estén operadas por transnacionales. En Chile, en cambio, los mayores yacimientos de cobre están en manos privadas extranjeras, y Codelco participa con menos del 20% de las exportaciones totales. No es lo mismo prohibir exportaciones cuando el Estado controla una parte sustantiva de la producción que cuando el 80% está en manos de un cartel de empresas privadas.

Segundo, las cifras globales esconden la asimetría. Según datos de Aduana 2025, Chile exportó 29,1 millones de toneladas de concentrados (14,7 millones de concentrado de cobre y 14,4 millones de concentrado de hierro) y solo 1,7 millones de toneladas de cátodos. Es decir, Chile exporta concentrado masivamente y procesa muy poco. Congo, en cambio, ya procesa la mayor parte de su cobre. Mladinic usa un caso donde el procesamiento ya ocurre para justificar que en Chile no ocurra. Eso no es comparar peras con manzanas; es comparar peras con camiones.

Tercero, el Congo no es un modelo de desarrollo. Es un país con enormes problemas de gobernanza, conflicto y dependencia. Su prohibición puede ser un intento de negociar mejor en el mercado mundial, no una prueba de que prohibir sea siempre bueno. Mladinic lo usa como espantapájaros: si Congo lo hizo y no es rico, entonces Chile no debe hacerlo. La conclusión no se sigue.

El debate no debería ser “concentrado sí o concentrado no”. Debería ser cómo se valorizan los minerales que salen del país. En los concentrados no solo hay cobre. Hay oro, plata, molibdeno, renio, bismuto, antimonio, arsénico y una veintena de elementos, incluidos lantánidos. Muchos de ellos son declarados “penalizables” por las fundiciones extranjeras y descontadas en las facturas. Paradójicamente, el Servicio Geológico de los Estados Unidos los califica como minerales críticos o estratégicos. Es decir, lo que para el comprador es un castigo, para la industria tecnológica global es esencial.

Hagamos un ejercicio simple. Si en los 14,7 millones de toneladas de concentrado de cobre hubiera solo 1 gramo por tonelada de oro —una traza—, eso equivaldría a 14,7 toneladas de oro que salen sin ser declaradas, ni pagadas. La producción nacional declarada de oro es de 45,3 toneladas. No estoy afirmando que esa sea la ley real; estoy mostrando la magnitud del problema de valorización. Si a eso sumamos plata, molibdeno y otros, la subfacturación potencial es enorme.

Existe abundante literatura nacional e internacional sobre subfacturación de minerales y controles institucionales débiles. No es una teoría conspirativa; es un problema de auditoría, regulación y poder de negociación. Mladinic no lo menciona. Su “análisis” no discute quién paga los minerales acompañantes, quién fija las penalidades, ni quién se queda con la diferencia.

Mladinic dice que fundir y refinar no es gratis. Es verdad. Pero tampoco es gratis exportar concentrado sin control. Los costos ambientales de fundir existen, pero también existen los costos de no industrializar: pérdida de empleo calificado, capacidades tecnológicas, encadenamientos y soberanía. La pregunta no es si procesar tiene costos, sino quién los paga y quién recibe los beneficios.

Su ejemplo de Australia, Noruega, Canadá o Nueva Zelanda tampoco es concluyente. Son economías centrales o colonias de poblamiento con posiciones privilegiadas en la jerarquía mundial. Noruega tiene un fondo soberano alimentado por renta petrolera; Australia es un gigante territorial con enorme poder de mercado. No demuestran que Chile pueda hacer lo mismo sin cambiar las reglas de propiedad y captura de renta.

En lugar de caer en el fetiche inverso —exportar por exportar—, propongo una agenda concreta:

1. Auditoría independiente de leyes y valorización en todos los concentrados exportados, con laboratorios acreditados y participación de las Universidades Estatales de Chile, COCHILCO y Aduana.

2. Comercializadora estatal de minerales que negocie precios, penalidades y subproductos en nombre del Estado, sin reemplazar a Codelco.

3. Renegociación de contratos y royalties para capturar la renta de los minerales acompañantes.

4. Inversión en fundiciones y refinerías limpias, con estándares ambientales altos, pero evaluando caso a caso su competitividad.

5. Desarrollo de capacidades tecnológicas y servicios mineros exportables, como propone Mladinic, pero con control nacional y encadenamientos locales.

6. Coordinación internacional con otros países exportadores de cobre, litio y minerales críticos para negociar en bloque.

Mladinic acierta al criticar el industrialismo vulgar. Pero su artículo no es un análisis marxista ni una evaluación completa. Es una defensa del statu quo exportador con lenguaje moderno. La pregunta es ¿Para quién funciona el actual régimen de exportación de concentrados? Mientras no respondamos eso, seguiremos discutiendo fetiches: el del valor agregado y el del mercado libre.

*https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2026/09/09/el-fetiche-del-valor-agregado/

**  Miembro del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre. Docente DTI, FACTEC, USACH

PS:/Ya hay trabajos que sostienen que Chile por no industrializar sus minerales por cada tonelada de concentrados pierde, en aleaciones y compuestos, 2 millones de dólares.

El fetiche del valor agregado. Carlos Mladinic. Economista

La política industrial moderna consiste en construir capacidades que permitan producir para el mundo, sometidas a la disciplina de la competencia internacional. A veces eso significará fundir y refinar más cobre en Chile. Otras veces significará exportar concentrado.

La decisión de la República Democrática del Congo de prohibir la exportación de concentrados de cobre y cobalto encontró rápidamente admiradores en Chile. Para algunos, sería la demostración de que un país dueño de recursos naturales debe obligar a procesarlos antes de exportarlos. La vieja idea reaparece con ropa nueva: vender concentrados sería casi una confesión de subdesarrollo; exportar metal refinado, en cambio, una prueba de sofisticación.

El problema es que la economía es bastante menos obediente a los eslóganes.

Partamos por el propio Congo. La prohibición admite excepciones y restricciones semejantes aplicadas en el 2013, 2019 y en el 2023, que debieron flexibilizarse cuando la capacidad interna de procesamiento resultó insuficiente. Más aún, durante el primer trimestre de este año Congo exportó casi 697 mil toneladas de cátodos de cobre y solo unas 54 mil toneladas de concentrado.

Es decir, buena parte del procesamiento que la medida pretende promover, ya ocurre. El movimiento del precio del cobre dice probablemente tanto sobre la estrechez actual de ese mercado como sobre la magnitud efectiva de la prohibición.

Chile, por supuesto, debe preguntarse por qué ha perdido participación en fundición y refinación. Entre 1990 y 2024 la participación de los concentrados en nuestra producción de cobre pasó de 16% a 60%. Hay buenas razones para modernizar fundiciones, incorporar nuevas tecnologías y recuperar capacidad cuando ello sea económicamente competitivo. Pero de ahí no se debe concluir que exportar concentrados sea, por definición, un fracaso.

Fundir y refinar no es gratis. Son procesos intensivos en capital, energía y control ambiental. Las fundiciones deben capturar azufre y arsénico y cumplir exigencias cada vez mayores. Codelco debió invertir cerca de US$ 1.000 millones para adecuar sus fundiciones a la norma de emisiones aprobada en el 2013, y el nuevo complejo de fundición y refinería de Enami contempla una inversión del orden de US$ 1.700 millones. Es correcto exigir altos estándares ambientales; lo incorrecto es actuar como si cumplirlos no tuviera costos y como si cualquier tonelada procesada localmente generara automáticamente más bienestar.

La experiencia internacional tampoco respalda ese fetiche. Australia sigue siendo un enorme exportador de mineral de hierro, carbón y gas. Más de la mitad del valor de las exportaciones de bienes de Noruega provino en el 2025 del petróleo y el gas. Nueva Zelanda continúa construyendo buena parte de su prosperidad exportadora sobre alimentos, lácteos, carnes, frutas y productos forestales. Canadá exporta masivamente petróleo y otros recursos naturales. Ninguno de esos países es pobre por hacerlo.

La diferencia está en otra parte. Son economías capaces de incorporar productividad, tecnología, capital humano, logística, regulación, servicios sofisticados y conocimiento a sus plataformas productivas. El valor agregado no se mide por el número de transformaciones físicas que sufre una materia prima ni por la cantidad de chimeneas que alcanza a instalar un país.

Esa es también una lección importante para Chile. Durante los últimos 35 años construimos, con todos nuestros problemas, una de las economías de mayor ingreso por habitante de América Latina, redujimos fuertemente la pobreza y levantamos plataformas exportadoras competitivas en cobre, fruta, vino, salmón y productos forestales. Algo no menor.

El problema es que ese impulso perdió fuerza. La OCDE ha advertido que nuestra convergencia de ingresos se estancó desde el 2012 y que detrás de ello está, entre otros factores, la debilidad de la inversión y de la productividad.

Ahí debiera concentrarse ahora la discusión. En convertir la minería en una plataforma todavía más densa con más proveedores tecnológicos, automatización, inteligencia artificial aplicada en procesos críticos, ingeniería, desalación, energías renovables, trazabilidad ambiental, economía circular, nuevos materiales y servicios mineros exportables y no en reemplazar la exportación de concentrados por una consigna industrialista. Y hacer lo mismo alrededor del litio, la bioeconomía forestal, la agroindustria o el hidrógeno verde.

El tránsito desde sectores aislados hacia plataformas de capacidades y encadenamientos es precisamente lo que puede permitirnos diversificar sobre aquello que ya sabemos hacer bien.

La política industrial moderna consiste en construir capacidades que permitan producir para el mundo, sometidas a la disciplina de la competencia internacional. A veces eso significará fundir y refinar más cobre en Chile. Otras veces significará exportar concentrado y capturar mucho más valor en la tecnología, los servicios y el conocimiento que lo hacen posible.

El desarrollo se mide por la calidad de lo que producimos, no por la cantidad que procesamos.

Santiago, septiembre 9, 2026