En el próximo mes de diciembre 2019 Chile cobijará la Conferencia de Partes 2019 (COP25). Tema preocupante de la reunión es el escaso avance en la hoja de ruta fijada en la COP21 de París y el carácter obligatorio acordado en esa reunión para el año 2020. El cambio climático está ocurriendo ahora. Es el gran tema del siglo XXI ratificado por 184 estados. El clima, Bien Público, trasciende en la vida humana de manera innegable. En el cambio climático los líderes mundiales buscan descarbonizar la matriz energética, disminuir la deuda ecológica y la contaminación ambiental. Para ello firman acuerdos en el marco de las Conferencias entre las partes (COP). Sin embargo, un tema central retrasa los acuerdos y pone en duda la voluntad real de llevarlos a cabo. El programa previsto en París reveló que el desarrollo económico de las economías avanzadas, preocupadas más de alcanzar posiciones dominantes en el mercado, posponía la realización de los acuerdos y en un caso emblemático –Estados Unidos– se retiraba de la Conferencia.

De manera evidente estamos frente a una cuestión política y económica de carácter estructural donde se baten dos concepciones radicalmente opuestas. Una cree firmemente en la concepción decimonónica de un crecimiento infinito guiado por el mercado y la otra, entiende la economía como una propuesta esencialmente inclusiva. La búsqueda de la primera se realiza en el mercado de una civilización antropocéntrica. La otra, legitima lo social a través de la valorización social del trabajo base de una civilización biocéntrica. De esa manera están claros los objetivos y sus consecuencias. En la primera opción la hoja de ruta está fijada por costos validados por el mercado. En la segunda, los costos se validan en procesos políticos y sociales que reconocen los derechos de la Naturaleza, la redefinición del buen vivir y lo que entendemos por prosperidad. Es la antítesis del crecimiento económico infinito a todo precio.

Evidencias discutidas en la COP21 de París y preocupantes procesos posteriores

Al duplicarse la cantidad de gas CO₂ en la atmósfera, el planeta debiera calentarse entre 1,5 y 4,5 grados. Las mayores temperaturas se han registrado en lo que va corrido del siglo XXI. El año 2014 fue el más cálido desde que se tiene registro (1850) con 0,69 °C sobre la media absoluta global a saber, 14° C. El nivel de contaminación del medio ambiente con gases de efecto invernadero (GEI), es consecuencia de actividades antropogénicas (realizadas por los seres humanos), entre las cuales se mencionan la quema masiva de combustibles fósiles, la tala de bosques y el cambio en el uso del suelo. Tómese en cuenta que la COP21 en París (2015) fijó como meta para 2050 que la emisión de gases de efecto invernadero sería cero. Anteriormente laCumbre de los Pueblos, que congregó a los movimientos sociales y ecologistas del mundo, celebrada en paralelo de Río+20, se discutió la idea de un proceso de transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una ‘civilización biocéntrica’.

Pese a las advertencias del comité científico de la Conferencia de París (Panel Intergubernamental por el Cambio Climático, IPCC) reinó la ambigüedad cuando se formuló que las economías desarrolladas “deberán” disminuir radicalmente las emisiones. Inicialmente se escribió en la resolución final “las Partes, que son países desarrollados, deberán continuar liderando a través de la adopción de metas absolutas para la reducción de emisiones en el conjunto de la economía”. Sin embargo, en última instancia se sustituyó “deberán” por “deberían”: la palabra shall se sustituyó por should (deberán por deberían). Véase párrafo del artículo 4 del tratado donde originalmente se expresaba que, “Developed country Parties shall continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction targets”. Al sustituirse shall por should se sustituía una obligación por un condicional no vinculante. Cabe señalar que en la versión española oficial del texto se mantiene erróneamente la palabra deberán por deberían – ¡ambigüedad absoluta! Por esto no sorprende que no haya podido mantenerse la hoja de ruta que pretendía ser París pues aparecía contaminada desde un comienzo. Las reuniones posteriores no vendrían sino a confirmar estas aprehensiones.

Las COP subsiguientes: Marrakesh (Marruecos, 2016), Fiji (realizada en la ciudad de Bonn. Alemania, 2017), Katowice (Polonia, 2018)

Marrakesh (COP22, 2016)

Siendo Marruecos un país mediterráneo, se recordó que esta cuenca es uno de los puntos, donde si nada se hace, se prevé un aumento de hasta 5,1 grados de temperatura para el año 2100. En los considerandos sobre los refugiados climáticos se evocó la situación de África como un continente particularmente afectado, por la escasez de agua, las enfermedades, el hambre y la pobreza, constituyendo por esto una de las urgencias más importantes a resolver. Ségolène Royal, ministra de Medio Ambiente de Francia en el curso de la COP22, planteó que a nivel mundial se calcula que “la degradación del medio ambiente provocará cerca de 200 millones de refugiados climáticos en 2050”. Se mencionó además, la geoingeniería como concepto amplio de modelos tecnológicos destinados a reducir las emisiones de gases. El Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (APA) presentó en la Conferencia una estimación de progresos relativos a los acuerdos de la COP21. Con ello se buscaba ratificar la hoja de ruta de París relativa a la descarbonización de la matriz energética. Los evaluación de compromisos se dejo para la COP24 (2018, Katowice). Merece destacarse que de los aproximadamente 200 países que intervinieron en la COP22 de Marrakech 52 países considerados los más vulnerables ante los efectos del cambio climático se comprometieron a asumir medidas que les lleven a basar su energía 100% en renovables o reducir emisiones de carbono entre 2025 y 2050. Sin embargo, los compromisos verbales no se encuentran a la altura de las realidades. Baste señalar que la meta comprometida por los países ricos de destinar 100 mil millones de dólares anuales para la financiación climática, una cifra que hasta el momento solo se ha alcanzado en un 70%.

Fiji, 2017 (COP23, realizada en la ciudad de Bonn. Alemania)

Sin unanimidad respecto a los plazos que las economías desarrolladas comunicarían a los países en desarrollo los aportes financieros para adoptar medidas de mitigación al calentamiento en sus países más allá de 2020, la Conferencia debió constatar un fracaso. Estados Unidos, Australia y Japón se negaron a firmar precisiones a este respecto. Si bien del resto de los países desarrollados tampoco se lograron precisiones respecto al aporte de fondos antes de 2020 se obtuvo que el Fondo de la Adaptación del Protocolo de Kioto se mantuviera en el Acuerdo de París. Precisemos que solo en 2020 el pacto de París será obligatorio para todas las economías, i.e., desarrolladas y en vías de desarrollo por lo que las precisiones antes de esa fecha son fundamentales. Para los aportes de fondos desde los países desarrollados a los países más vulnerables se creó en el seno del llamado Mecanismo de Pérdidas y Daños por el cambio climático un diálogo de expertos que se resolvió que debían unirse a los gobiernos en mayo de 2018. De esta manera se pensó confrontar las necesidades de los países más vulnerables, con los aportes indispensables y países dispuestos a contribuirlos. Nótese las urgencias presentadas en la Conferencia, que parecen no impresionar a los delegados de las economías desarrolladas: la proyección realizada por los científicos del Panel Intergubernamental por el Cambio Climático IPCC prevé que al ritmo actual de las emisiones nacionales a finales de siglo en alza en la temperatura alcanzaría entre 3 y 4 °C. Como un llamado a la intervención de fuerzas alternativas el llamado Diálogo de Talanoa (producto de la reunión de Bonn 2017) precisa que en la programación de los aportes financieros a 2020 deberían estar presentes los agentes de la sociedad civil entre otros, empresas, sindicatos, ecologistas, científicos, etcétera.

Katowice (COP24, Polonia, 2018)

En Katowice la Conferencia relegó las advertencias y propuestas del panel científico (IPCC) al papel de simple información que las partes concurrentes deberían hacer uso en la medida que así lo entendieran. Esto de “hacer uso” fue liderado por Estados Unidos (su retiro se hará efectivo solo en 2020), seguido por Rusia, Kuwait y Arabia Saudita. Nótese que el muy activo lobby de las transnacionales productoras y comercializadoras de combustibles fósiles estuvo presente en la reunión en carácter de “observadoras”. Muchos de los delegados de los países citados tenían relación directa con las compañías petroleras. Resulta pues dudoso que la evaluación del daño para Latinoamérica y países pequeños del sudeste asiático por el cambio climático se traduzca en acciones concretas. La Alliance of Small Island States (AOSIS), alianza intergubernamental de 44 países, todas pequeñas islas ubicadas en los océanos Atlántico y Pacífico solicitó que la conferencia aceptara el reporte del IPCC, apoyados por casi todos los países del mundo. Estados Unidos alzó la voz para decir que la aprobación del documento del IPCC –integrado por los distintos países– no implica la suscripción a sus conclusiones. Rusia, Kuwait y Arabia Saudí se sumaron a esa postura y se anotaron un logro en las negociaciones: que no se acogiera los resultados. El documento del IPCC advierte que estamos en el límite de cambiar el rumbo para evitar más eventos catastróficos asociados al cambio climático.

CONCLUSIÓN

Dadas las dudas e incertidumbres ocurridas desde la reunión de París se espera que la COP25 en Santiago de Chile se centre en seis áreas que debieran desembocar en iniciativas prácticas para limitar las emisiones y mejorar la resiliencia: transición a las energías renovables, financiación para la acción climática y los impuestos al carbono; reducción de las emisiones de la industria; búsqueda de soluciones en la naturaleza misma; activación de medidas locales en la creación de ciudades sostenibles; resiliencia frente al cambio climático. Hasta la fecha (COP24 2018) se han presentado 181 planes nacionales con evaluación de metas y financiamiento necesarios, sin embargo diversos niveles de desarrollo económico y social obligan a la programación de un financiamiento a corto plazo desde las economías industrializadas hacia las economías en desarrollo, máxime si se considera que el compromiso en la reunión de París (2015) abarca a 197 estados. Existen dudas respecto a este financiamiento meta que deberá despejarse en la reunión de Santiago. Ni la COP 22 de Marrakech, donde se suponía un avance respecto a manifestaciones críticas en la reunión de París, ni en la reunión de Katowice, dos años más tarde en Katowice (Polonia) marcaron avances significativos. Las dificultades son mayores. Nótese que en Chile país anfitrión de la próxima reunión, la descarbonización de la matriz y el cierre de centrales resulta dudoso pues se anuncia un escenario de hidrología seca. Por lo que se prevé que el carbón aumentará su participación en la matriz energética a cerca de 40%. Voces se levantan en la opinión pública para que se establezca el impuesto al CO₂. Al igual que en las conferencias anteriores se espera se integre a las negociaciones climáticas la mayor cantidad de agentes y estamentos de la sociedad civil incluyendo empresas, sindicatos, ecologistas, científicos, ONG y comunidades indígenas en todo el mundo abarcando estas últimas 370 millones de personas. Pese a la gran participación de la sociedad civil de los Estados Unidos en las anteriores conferencias la administración Trump continúa promoviendo los combustibles fósiles como fuente de energía. Sin un cuadro social-solidario de la política y la economía los esfuerzos por lograr cambios fundamentales en la estructura de la economía no llegarán a buen término. En ese cuadro la sobrevivencia misma de la Humanidad está en riesgo; fenómeno este último sin relación con el planeta Tierra que seguirá aún en el Universo por millones de años más.

Septiembre 2019