DEBATE EN UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. PRIMER BORRADOR. Por Jorge Lavandero y Héctor Vega

Nuestra fuerza radica en nuestros principios. Principios que deben incorporarse al debate en una Asamblea Constituyente. Primer Borrador

En la Constitución de 1980 se introducen artículos de principio, base de la organización republicana y democrática que ya consagra la Constitución de 1925. Sin embargo, leyes orgánicas y decretos dictados por el presidente de la República en virtud de su potestad reglamentaria, anulan dichos principios. Es lo que hemos vivido estas últimas tres décadas y que el estallido social de octubre 18 de 2019, de manera urgente, exige rescatar en beneficio de una amplia participación del Pueblo mediante el plebiscito, la iniciativa popular de leyes y la revocación del mandato conferido por el Pueblo a sus representantes cuando éstos han fallado en sus programas y propuestas. Instituciones que representan el ejercicio de la Soberanía Popular y que reconocen en su base y ejercicio el carácter plurinacional de nuestra Nación. Por lo que se reconocen constitucionalmente las minorías mapuche, altiplánica y rapa-nui.

Conscientes de esta realidad exponemos a nuestros conciudadanos los principios constitucionales a nivel político, social, económico e internacional, que deben ser consagrados en nuestra Constitución. Es más, invitamos a la ciudadanía a debatir estas ideas centrales a la que debe someterse el conjunto de leyes y reglamentos de la república. Nada puede quedar exento de la deliberación de la ciudadanía en sus comunas por ello el proceso constitucional debe abrirse al debate que desde hace un año se desarrolla en las asambleas territoriales.

En este debate somos todos. No hay exclusiones. Entendemos que el debate republicano nos lleva más allá del proceso constitucional pues las leyes que vienen deben acatar la voluntad del Pueblo expresada en los principios del texto fundamental. Aquí presentamos un borrador, primero ante las comunas y luego como versión acabada, ante la Convención Constitucional, instancia que deberá definirse sólo a partir de Abril del próximo año.

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PARA EL PLEBISCITO Y LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL.

a). A nivel político:

l). El Estado será proactivo y regulador, se elimina la noción de Estado subsidiario, en su organización integrará y reconocerá sus derechos a los pueblos originarios de nuestro territorio. Promoverá los principios y la práctica de una economía social-solidaria en la cual se consagrarán los Bienes Públicos entre otros, educación, salud, vivienda social, pensiones, empleo, renta básica universal…Se ocupará el Estado del cambio climático respetando y promoviendo las soluciones y programas propuestos en la Conferencia de Partes de París (2015) especialmente en lo relativo al agotamiento de ozono, los desechos tóxicos, la pérdida de bosques y especies y la contaminación de la atmósfera y el agua.

ll). Plebiscito solicitado por el parlamento por 1/3 más 1 o por los ciudadanos mediante el 10% de la última votación para presidente de la República. Todos los elegidos popularmente deberán dar una cuenta pública obligatoria en el sector que fue elegido con plebiscito revocatorio. El mandatario o representante perderá su cargo una vez rechazada su cuenta.

lV). El Parlamento será unicameral elegido por un período de 5 años. Las minorías, mapuche, altiplánica y rapa-nui estarán representadas ante el parlamento unicameral. Asimismo, habrá una representación de género equivalente a un 50% del parlamento. Al tercer año, diputados y diputadas deberán dar cuenta obligatoria de su mandato, podrán ser evaluadas y revocadas en su función, mediante el plebiscito revocatorio llevado a cabo por los ciudadanos del distrito para el cual fue elegido. Las sanciones de carácter civil o penal, según la legislación vigente, serán determinadas por el poder judicial. Los diputados podrán ser reelegidos solo por una vez. Con el objeto de transparentar la función pública y de eliminar la corrupción se ampliarán las facultades de los tribunales que podrán actuar de oficio.

V). El presidente de la República durará 8 años, en la mitad de su periodo dará cuenta obligatoria y sujeta a aprobación mediante el mecanismo de referéndum revocatorio. Si su gestión fuese aprobada podrá continuar en el cargo, en caso contrario, habrá una nueva elección de presidente. Se crea el cargo de vicepresidente, elegido por la cámara de representantes y estará a su cargo la prioridad y urgencias con que se debatirán las leyes en el parlamento, como así mismo la coordinación superior en los organismos fiscalizadores.

Vl). El Poder Judicial será un organismo independiente, cuyo origen y postulación, se hará mediante una comisión integrada por 11 abogados: 1 representante del presidente de la República, 3 por el parlamento, 4 designados por el consejo de Rectores, 2 por la Contraloría General de la República y 1 como defensor público elegido por el colegio de abogados. Se elimina el tribunal Constitucional, que será reemplazado por la sala constitucional de la Corte Suprema la que verá los procesos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, casos que sentarán jurisprudencia.

Vll). Habrá un plazo de 4 años para normalizar la legislación en los poderes públicos a los principios constitucionales aprobados y 6 años para el resto de la legislación.

b). A nivel Social.

Se dará el mayor poder decisorio a las organizaciones comunitarias en cada comuna y de acuerdo a su población para el cumplimiento de las funciones sociales de cada municipalidad. Por lo que las minorías mapuche, altiplánica y rapa-nui estarán representadas en las diferentes jurisdicciones comunales que correspondan a sus territorios. La práctica política del territorio comunal será determinante en la igualdad de género y la no discriminación, práctica que será esencial para llenar los cargos administrativos y políticos.

Habrá un presupuesto especial municipal, integrado al Presupuesto Nacional. Las asambleas comunales se reunirán según su reglamento y una vez al año acordarán sus prioridades, así como un presupuesto que deberá discutirse en las municipalidades respectivas para así consensuar el presupuesto que será presentado finalmente al ministerio de Hacienda. El parlamento tendrá una comisión especial para las organizaciones sociales y sindicales generales y no comunales. Las organizaciones sociales no comunales y sindicales, participarán en su integración en el Desarrollo Nacional mediante los ministerios de Hacienda, Economía, Trabajo y Desarrollo Social, según sea la materia en cuestión.

c) A nivel socioeconómico: el Estado de Chile promoverá una economía social-solidaria para lo cual se definirán las áreas de Propiedad Social, Mixta y Privada, las que organizarán los procesos económicos de la producción y la distribución; el sector social a saber, las pensiones y la política de ayuda social dirigida hacia los sectores más vulnerables. Se modificará la actual legislación permisiva relativa a los actos de corrupción en el sector público y la esfera de los negocios. Se establecerán penas severas de cárcel en el combate a la corrupción.

1) La tributación principal del Estado se logrará, principalmente por impuestos proporcionales a las ganancias, los impuestos indirectos a la población, solo serán subsidiarios y en todo caso inferiores a los impuestos directos. En el periodo máximo de 5 años se reducirán las exenciones tributarias innecesarias.

2) Todas las empresas nacionales o extranjeras con fines de lucro en el país, sin excepción pagarán impuestos por sus ganancias en Chile y se caducarán los giros operacionales a aquellas empresas asociadas a paraísos tributarios, sus ejecutivos además podrán ser sancionados ante el poder judicial. Habrá penas de cárcel para quienes, eludan o evadan impuestos destinados al progreso social.

3) Los recursos naturales, no renovables y el agua, pertenecerán al Estado de Chile, de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible. La explotación podrá concesionarse para el estado por un periodo no mayor de 10 años, interrumpido en caso de incumplimiento, asunto que será resuelto judicialmente. La concesión podrá ser prorrogada justificadamente, si el Estado así lo considera. Todos los recursos no renovables y las aguas destinadas a la agricultura e industrias de uso consuntivo pagarán un royalty por su uso.

4) El Estado garantizará el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Se hará cargo del impacto de las innovaciones en los empleos del futuro. La formación de recursos humanos es la base del desarrollo de bienes en sectores estratégicos como por ejemplo alimentación saludable, tecnologías para la minería, agroindustria, industria solar…

d) A nivel Internacional:

1) El parlamento re-estudiará todos los acuerdos Internacionales económicos y administrativos, de acuerdo a los resultados y dificultades para Chile y dentro del plazo máximo de 5 años deberá estar resuelta su aprobación, modificación o rechazo.

2) Chile priorizará nuestras relaciones políticas, culturales, económicas y sociales con nuestros vecinos, procurará una asociación integrada con todos los países de sur América, para lograr una voz común en su desarrollo.

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